El Perú encontró una nueva manera de hacer el ridículo: perder más de 1.200 expedientes digitales en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), justo los que comprometían a personajes como Keiko Fujimori, Patricia Benavides y Los Cuellos Blancos del Puerto. El pretexto inicial fue una “falla técnica”. Pero lo más grotesco no es que se hayan borrado, sino que en plena era tecnológica la entidad que custodia el destino de jueces y fiscales diga que no tiene backup. Es como si un banco dijera que perdió las cuentas de sus clientes porque “se apagó la computadora”. El hedor no es de cables quemados, es de encubrimiento.
Un sistema que debería ser blindado terminó convertido en una coladera. Según la propia investigación policial, alguien con clave y acceso interno borró de manera deliberada los archivos. Nada de accidentes, nada de casualidades: fue una operación quirúrgica. Y como si fuera poco, la JNJ lo presentó al país como si se tratara de una caída momentánea de internet.
Aquí está el corazón del escándalo: ¿cómo una institución de este nivel no tiene copias de seguridad automáticas, servidores externos, protocolos mínimos? En cualquier oficina mediana, incluso en una cabina de internet de barrio, un archivo eliminado tiene respaldo. Pero en la JNJ, la supuesta columna vertebral de la justicia, no hay respaldo, no hay seguridad, no hay memoria. Es un insulto a la inteligencia: en un mundo donde hasta las fotos del celular quedan guardadas en la nube, resulta que los expedientes más sensibles del Perú desaparecen como si fueran apuntes de colegio.
La podredumbre es evidente. La JNJ, que nació para sanear el sistema judicial después del escándalo de Los Cuellos Blancos, hoy huele a descomposición. Primero culpó a un desperfecto, luego optó por el silencio y ahora promete “investigaciones”. Todos sabemos lo que significa: dilatar, distraer y enterrar. En este país “se investigará” es sinónimo de “nadie caerá”.
Más grave aún es el silencio cómplice del resto del aparato estatal. El Ejecutivo, sumido en su desgobierno y en sobrevivir hasta el 2026, no dice nada. El Congreso, especialista en blindajes, tampoco levanta la voz. Y así, mientras 1.200 expedientes se esfuman, el país sigue su curso como si nada hubiera pasado. Hemos normalizado la impunidad: lo anormal es que aún nos indignemos.
La desaparición de los expedientes de la JNJ no es un hecho técnico, es un hecho político. No hay fallo de sistema que explique semejante “accidente”, hay manos que borraron lo que no convenía. La justicia en el Perú no se archiva en tribunales, se borra en computadoras. Y la JNJ, en vez de garante, se convierte en verdugo de la memoria judicial.
Reflexión final
El sarcasmo se escribe solo: en pleno siglo XXI, cuando cualquier adolescente tiene un backup automático en su correo o en su nube gratuita, la máxima institución de la justicia peruana dice que no tenía copias de seguridad. ¿Qué clase de justicia es esta que no sabe guardar archivos? La respuesta es clara: no es torpeza, es encubrimiento. Y lo que se borró no fueron solo 1.200 expedientes; lo que se borró fue el último rastro de confianza en un sistema que funciona con un principio simple: lo que molesta, se elimina.
Por Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra