El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido que las investigaciones contra Dina Boluarte deberán esperar hasta el 28 de julio de 2026, cuando culmine su mandato. Es decir, la justicia en el Perú ha sido puesta en pausa por 343 días, como si las denuncias quedaran congeladas en un archivo a la espera de que cambie el inquilino de Palacio. La presidenta, con más investigaciones acumuladas que cualquiera de sus predecesores, se sostiene en la inmunidad constitucional, aunque la evidencia social y política la señala como responsable de un gobierno sin plan, sin estrategia y sin dirección.
El fallo del TC responde a la demanda competencial del Ejecutivo y se ampara en el artículo 117 de la Constitución, que solo permite acusar a un presidente en funciones por traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir el funcionamiento del sistema electoral. Nada de eso aplica hoy, por lo que el resto de denuncias —desde presunto enriquecimiento ilícito hasta responsabilidades en la represión con más de medio centenar de muertes en protestas— deberá esperar.
El constitucionalista Luis Roel y el exministro Víctor García Toma coinciden: las investigaciones no desaparecen, se reactivarán cuando Boluarte deje el cargo. Es decir, la justicia ha sido aplazada, no anulada. El expediente está abierto, pero el reloj político tiene prioridad sobre el reloj judicial. Así, los fiscales hacen pausa, los jueces esperan y el país soporta la paradoja de tener una mandataria rodeada de acusaciones, pero intocable hasta que termine su mandato.
Mientras tanto, el gobierno sigue en piloto automático. No hay plan de gobierno, no hay estrategia frente a la criminalidad, no hay voluntad política de reforma. En lugar de políticas públicas, el país presencia cómo las bandas organizadas imponen su propia ley: sicariato, secuestros, extorsiones y cobros de cupos son parte del paisaje cotidiano. A Dina Boluarte le restan 343 días de inmunidad, pero al ciudadano común le resta un año de sobrevivir en un país tomado por mafias.
El TC, en su fallo, ha defendido la figura presidencial más que a la democracia. “No se debe investigar a un presidente en funciones”, afirman sus magistrados, como si la investidura bastara para garantizar la inocencia. El argumento formal es impecable; la realidad, devastadora: un gobierno sin rumbo ni autoridad, sostenido únicamente por la protección legal y por un Congreso que la blinda a cambio de prolongar su propia permanencia hasta el 2026.
Dina Boluarte no será investigada hoy, pero lo será mañana. La justicia no ha desaparecido, solo ha sido postergada. Cada día que pasa acerca no solo el fin de su mandato, sino el inicio de un proceso inevitable en el que deberá responder por su gestión, sus decisiones y sus omisiones. No es un triunfo político, es un aplazamiento judicial.
Reflexión final
Quedan 343 días de inmunidad presidencial, 343 días de un gobierno que sobrevive sin plan ni estrategia, mientras el país se hunde en el caos de la criminalidad. El TC ha dictado una prórroga, pero no una absolución. Y cuando el reloj marque el fin de la inmunidad, lo que se pondrá a prueba no será solo a Dina Boluarte, sino a la capacidad del Perú de demostrar que la justicia no puede aplazarse indefinidamente.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra