El Perú vive una paradoja que roza lo absurdo: la presidenta Dina Boluarte invierte en aviones de guerra para batallas imaginarias, compra autos de alta gama para generales que nunca pisan la calle, financia viajes presidenciales al extranjero con comitivas numerosas y sigue tirando millones a un muerto viviente como Petroperú. Mientras tanto, la Policía Nacional —la que sí enfrenta la guerra real de cada día— se queda con 40% de sus patrulleros inoperativos y 8.9 millones de soles en chalecos antibalas congelados (RPP Data). El contraste es tan brutal que ni el sarcasmo lo suaviza: un Estado que equipa a sus jerarcas como jeques y deja a sus policías vestidos de abandono.
El país no necesita radares para ver lo evidente: el crimen organizado ya gobierna amplios territorios. Sicarios que disparan a plena luz del día, extorsionadores que cobran cupos como si fueran impuestos y bandas que detonan explosivos en mercados, gimnasios o viviendas. Solo en 24 horas se reportaron dos explosiones —en el Callao y Trujillo— y un asesinato en pleno corazón de Lima. Las cifras son una condena: más de 16 mil denuncias por extorsión y 1,385 homicidios en lo que va del año. En la práctica, el Perú ya vive bajo un Estado paralelo armado hasta los dientes.
Frente a esta realidad, la policía patrulla con lo que puede: vehículos donados por municipios, chalecos vencidos, radios dañados y a veces, chalecos comprados de su propio bolsillo. El caso del suboficial José Gabriel Munive, asesinado en La Victoria, es el emblema de este abandono: murió con un chaleco adquirido con su salario porque la institución nunca le dio uno. ¿Cómo se enfrenta al crimen cuando el Estado obliga a sus propios agentes a financiar su protección?.
La respuesta está en el presupuesto y, sobre todo, en las prioridades. El dinero para los chalecos antibalas está, pero las compras se empantanan en licitaciones fraudulentas. Los patrulleros se malogran por fallas mínimas y pasan meses varados en talleres. En Lima, más de dos mil están fuera de servicio. En Surco y San Juan de Lurigancho, alcaldes han tenido que donar camionetas y chalecos para que la policía pueda trabajar. Mientras tanto, el Ejecutivo gasta millones en blindar a generales con camionetas de lujo y en comprar aviones de combate para guerras que nunca llegarán.
Dina Boluarte no tiene plan de gobierno, ni mucho menos estrategia de seguridad. Nunca la tuvo. Su gestión es un manual de prioridades invertidas: viajar, posar y gastar. Petroperú recibe inyecciones de dinero como paciente en estado terminal; las Fuerzas Armadas reciben juguetes caros que poco aportan a la lucha contra la delincuencia común; y la Policía Nacional recibe migajas. No es negligencia: es un abandono deliberado, disfrazado de burocracia, donde la vida de un policía vale menos que el costo de un pasaje aéreo de la comitiva presidencial.
El Congreso tampoco es inocente. Con niveles de rechazo similares a la presidenta, su único objetivo es el mismo: sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026. Ni fiscaliza ni corrige. Aguanta. El pacto es simple: cada cual protege su silla, aunque el país arda.
La ecuación es clara: mientras el gobierno blinda a sus jerarcas, el crimen organizado blinda sus territorios. Y la policía, llamada a defendernos, queda atrapada entre un Estado indiferente y mafias cada vez más armadas. No hay forma de luchar contra esta guerra interna con patrulleros malogrados, chalecos vencidos y una presidenta que prioriza aviones de combate y viajes protocolares. Lo que Dina Boluarte ha demostrado no es incapacidad para gobernar: es decisión de no hacerlo.
Reflexión final
El Perú ya está en manos del crimen. El Estado no pelea esa batalla porque decidió no darla. Dina Boluarte y el Congreso no gobiernan, solo resisten al calendario, aferrados al reloj que marca el 28 de julio de 2026 como fecha de caducidad. Para entonces, la verdadera incógnita no será cómo sobrevivieron en el poder, sino cuánto más territorio, cuántas más vidas y cuántas más ciudades habrán caído bajo el control de mafias que hoy, sin oposición real, ya ejercen soberanía.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra