Después de años de indiferencia y silencio cómplice, Indecopi “despertó” para multar a la aseguradora Mapfre con S/ 267.500 por discriminar a adultos mayores en seguros de viaje. La sanción, originada tras la denuncia de la Coordinadora Peruana de Defensa de los Derechos del Consumidor, confirma algo evidente: las empresas hacen lo que quieren con los usuarios, y el Estado solo aparece cuando no le queda escapatoria. La noticia parece alentadora en los titulares, pero en el fondo es una burla: en un país donde la corrupción, la discriminación y el abuso se han normalizado, esta multa es apenas un recordatorio de que la justicia peruana no se ejerce, se simula.
La discriminación contra adultos mayores en seguros no es un error administrativo, es una política calculada: excluir a los considerados “menos rentables”. Mapfre decidió que envejecer es un delito financiero, y el castigo fue dejarlos fuera de coberturas. Ni informes técnicos, ni justificación real: solo la lógica del descarte. La pregunta obvia es: ¿cómo pudo pasar esto durante tanto tiempo sin sanción? La respuesta es más obvia aún: porque a Indecopi le cuesta defender a los consumidores si no hay presión pública o mediática de por medio.
La multa, además, es un chiste de mal gusto. S/ 267.500 para una aseguradora de alcance internacional equivale a menos que su presupuesto anual en café y publicidad. No es un castigo, es un impuesto simbólico por el privilegio de discriminar. La empresa seguirá operando, seguirá generando utilidades millonarias y, seguramente, seguirá evaluando qué tanto le conviene excluir o limitar coberturas. Con multas tan bajas, la discriminación es un negocio que conviene.
Lo más crítico es lo que revela sobre el Estado: actúa como un árbitro que aparece solo cuando hay escándalo. Sin la denuncia de la Coordinadora, el caso habría pasado inadvertido, enterrado en la montaña de abusos cotidianos que sufren los consumidores. ¿Y los demás casos invisibles? ¿Cuántos contratos leoninos, cláusulas abusivas y prácticas discriminatorias están ocurriendo ahora mismo, pero sin cámaras ni titulares? La sanción a Mapfre no resuelve el problema, apenas maquilla una realidad mucho más profunda: un Estado incapaz de prevenir, que se limita a sancionar tarde y mal.
La ironía es brutal: en un país donde los adultos mayores deberían ser respetados y protegidos tras décadas de aportes y trabajo, el mercado los trata como estorbos. Y el Estado, en lugar de defenderlos, mira hacia otro lado hasta que la presión lo obliga. La lógica es perversa: se sanciona para la foto, no para cambiar la práctica.
La multa a Mapfre no es una victoria ciudadana, es una derrota maquillada. No representa justicia, sino el recordatorio de un Estado débil frente a las grandes corporaciones. Una sanción real debería doler, cambiar conductas, generar precedentes. Esta, en cambio, solo confirma que discriminar en el Perú es barato y rentable.
Reflexión final
El sarcasmo se impone: Indecopi despierta de vez en cuando, dicta una multa simbólica y vuelve a dormir. Las empresas lo saben y juegan con ese margen. Y los adultos mayores, los más vulnerables, terminan dependiendo de la buena voluntad de organizaciones ciudadanas para defender lo que el Estado debería garantizar por principio: dignidad, igualdad y respeto. Porque en el Perú, hasta la justicia tiene fecha de vencimiento.
Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra