La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), analiza un predictamen que propone aumentar los sueldos de los futuros 130 diputados y 60 senadores a S/34,090 mensuales, el equivalente a un juez supremo titular. Hoy un congresista gana 15,600 soles, pero la clase política considera insuficiente ese monto para su “sacrificio” y busca duplicarlo. En un país con 9 millones de peruanos en situación de pobreza, esta propuesta es un retrato de lo que se ha convertido la política: un club exclusivo donde los legisladores legislan para ellos mismos y, de paso, blindan a su socia en Palacio.
El Congreso más desaprobado de nuestra historia —con una aceptación de apenas 3 %, casi igual que la presidenta Dina Boluarte— no encuentra cómo acercarse a la ciudadanía, pero sí cómo acercarse al Tesoro Público. El aumento no solo beneficiaría a futuros senadores y diputados, sino también a la burocracia que orbita alrededor: asesores, personal y allegados que acompañan la maquinaria legislativa. La justificación, en boca de Fernando Rospigliosi (FP), suena impecable: “los congresistas se encuentran al mismo nivel que los magistrados de alto rango”. Claro, salvo por un pequeño detalle: los jueces supremos resuelven casos, emiten sentencias y cargan sobre sus hombros la administración de justicia; los congresistas, en cambio, han convertido su labor en un festival de blindajes, escándalos y normas hechas a la medida de sus intereses.
El contraste es ofensivo. Mientras los ciudadanos soportan inflación, inseguridad y desempleo, los legisladores discuten cómo duplicarse el sueldo. Mientras en los mercados las familias hacen malabares para completar la canasta básica, en el Congreso se hacen números para asegurar una dieta de 34 mil soles mensuales. Mientras la inseguridad alcanza niveles inéditos, con bandas organizadas imponiendo su ley, el Legislativo decide invertir energía en asegurar sus privilegios. Y como guinda del pastel, destinan millones para levantar la nueva sede de los senadores, un palacio legislativo que servirá más para reforzar egos que para fortalecer la democracia.
Lo que indigna no es solo la cifra, sino el mensaje: la política peruana se concibe como un espacio de gollerías, no de servicio público. En lugar de diseñar un plan nacional de seguridad o impulsar reformas educativas y económicas, nuestros representantes buscan garantizarse un ingreso que supera veinte veces el salario mínimo. Y lo hacen desde la comodidad de un Parlamento repudiado por el 97 % del país.
El proyecto de elevar los sueldos a S/34,090 mensuales no es una reforma institucional, es un reflejo de la desconexión total entre el Congreso y la ciudadanía. Un Parlamento que legisla para sí mismo mientras el país se desangra en la criminalidad y la pobreza no merece más recursos, merece rendir cuentas. Esta decisión, de aprobarse, confirmará lo que ya sabemos: el Congreso ha dejado de ser el primer poder del Estado para convertirse en el primer club privado de la política peruana.
Reflexión final
El Perú no necesita diputados y senadores de 34 mil soles, necesita representantes con decencia, visión y compromiso. Si el Congreso cree que su labor vale tanto como la de un juez supremo, primero debería demostrar que está al servicio de la justicia y no de sus bolsillos. El verdadero costo de este aumento no se mide en soles, sino en la indignación ciudadana que se acumula. Y cuando la indignación se convierte en memoria política, ningún aumento salarial será suficiente para blindar la vergüenza de legislar contra el país y a favor de ellos mismos.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra