La salud en el Perú no está en cuidados intensivos: está en estado de abandono. El caso de Marthalily Casalino, madre de cuatro hijos de 40 años, que lucha contra un melanoma metastásico mientras espera desde hace más de un año que el Ministerio de Salud apruebe un medicamento ya validado a nivel internacional, es la radiografía más cruel de un sistema en piloto automático. El cáncer avanza, pero la burocracia “sigue evaluando”. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte invierte en aviones de guerra, autos de lujo para generales, viajes con comitiva y transferencias a Petroperú, en lugar de garantizar el derecho más básico: la vida.
El drama de Marthalily no es un caso aislado, es un símbolo de cómo funciona la salud pública en este país. El tratamiento que requiere —encorafenib + binimetinib— está reconocido mundialmente como terapia estándar para frenar un cáncer de rápida expansión. Doce pastillas al día pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, es un tratamiento costoso, imposible de cubrir sin el respaldo del Estado. Desde mayo de 2024, su solicitud aguarda en la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa), donde debía resolverse en 45 días. Ha pasado más de un año y la respuesta sigue siendo un frío comunicado: “continúa en evaluación”.
Mientras tanto, Marthalily organiza rifas, pide ayuda y hasta reduce la dosis del tratamiento para estirar las pastillas que la mantienen viva. Cada día que pasa sin acceso pleno es un golpe directo a la Ley Nacional del Cáncer, que obliga al Estado a garantizar diagnóstico y tratamiento oportuno. Pero en el Perú, la ley es una promesa vacía. Aquí, los pacientes no mueren por la enfermedad, mueren por un sistema que no funciona.
La indiferencia del Ejecutivo es tan dolorosa como evidente. El Ministerio de Salud prefiere hundirse en trámites y excusas, mientras Boluarte se preocupa por llegar al 28 de julio de 2026, blindar su entorno y mantener contenta a una cúpula militar con camionetas de lujo y contratos de armamento. El dinero existe, pero se dirige a Petroperú, ese barril sin fondo, y no a salvar vidas. En un país donde hospitales colapsan, se esperan meses por una cita y faltan medicinas para males comunes, las enfermedades raras son condena segura.
Lo inhumano no es la enfermedad: lo inhumano es la indiferencia. El desgobierno convierte la salud en una lotería, donde los pacientes deben financiarse con rifas o morir esperando una firma. Mientras, los discursos oficiales celebran “compromisos con la población”.
El caso de Marthalily es un espejo del Perú: un país donde se promete que la salud es un derecho, pero se administra como un privilegio inaccesible. Una madre que quiere ver crecer a sus hijos depende no de la ciencia ni de la medicina —que ya tiene respuestas—, sino de la burocracia y la voluntad política de un gobierno que nunca tuvo plan, ni estrategia, ni empatía.
Reflexión final
El cáncer no espera, pero el Estado sí. Espera informes, espera licitaciones, espera que pase el tiempo. Dina Boluarte pasará a la historia como la presidenta que equipó a generales con camionetas blindadas y dejó a los pacientes sin medicinas. Porque mientras ella vuela en aviones de guerra, miles de peruanos mueren en hospitales sin oxígeno ni tratamientos. El Perú está en piloto automático, rumbo a estrellarse. Y lo más doloroso es que en este vuelo no se pierde una abstracción llamada “sistema”, sino vidas concretas, como la de Marthalily y los cuatro hijos que esperan a su madre.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja negra