El país se enteró que Oncosalud está siendo investigada por Indecopi por la publicidad de su programa Oncoplus. Una póliza que se vendía como sinónimo de tranquilidad frente al cáncer, pero que podría esconder más letra pequeña que alivio real. La posible multa supera los 3 millones de soles, cifra que en titulares suena rimbombante, pero que en la práctica no compensa a ninguna familia que creyó estar asegurando vida cuando en realidad estaba comprando ilusión. La ironía, como siempre, la pone Indecopi: organismo que aparece tarde, bajo presión mediática, y con la lentitud de una tortuga reumática.
El cáncer no espera. Pero las empresas sí. Y ahí está el drama: Oncosalud convirtió la desesperación de miles en materia prima de marketing. Su Oncoplus prometía cobertura y confianza, pero ahora se investiga si esas promesas fueron tan sólidas como un castillo de arena. No hablamos de electrodomésticos defectuosos ni de un mal servicio de telefonía: hablamos de gente que buscaba seguridad en medio de la enfermedad más temida. Hacer publicidad confusa en este terreno no es creatividad comercial, es un acto de abuso sobre el dolor ajeno.
Y mientras tanto, ¿qué hace Indecopi? Exactamente lo que sabe hacer: reaccionar tarde, emitir comunicados después del escándalo, abrir investigaciones cuando los noticieros ya hicieron el trabajo. Lo vimos con las grúas municipales ilegales, con los autos defectuosos y ahora con los seguros de salud. Indecopi no es guardián, es cronista de abusos. Su rol parece ser dar fe de que el ciudadano fue engañado… cuando ya es demasiado tarde.
El colmo es que la eventual multa, que podría llegar a 700 UIT, tampoco resuelve nada. Tres millones de soles pueden sonar estruendosos, pero en empresas de este tamaño es apenas el costo de hacer negocios. Y lo más grave: ese dinero no regresa a los pacientes que confiaron, no cubre tratamientos oncológicos, no devuelve la tranquilidad perdida. Engorda las arcas del Estado, pero no sana las heridas del consumidor. Es una sanción que castiga en abstracto, pero que no repara en concreto.
La falta de coordinación entre instituciones completa el cuadro. SUSALUD tiene competencia en pólizas, Indecopi en publicidad, y al final ninguna protege realmente al paciente. El vacío es perfecto para que las empresas jueguen con la ansiedad y la esperanza de los consumidores. Mientras tanto, las familias peruanas siguen navegando entre un sistema de salud pública colapsado y un sector privado que en demasiadas ocasiones funciona como casino: uno apuesta su dinero, pero no tiene garantía de ganar nada.
El caso Oncosalud no debería leerse solo como un episodio aislado, sino como la radiografía de un país donde la salud es negocio y la fiscalización es simulacro. Oncosalud diseñó un producto que ahora está bajo sospecha, y Indecopi aparece para investigar cuando el daño ya está hecho. Multar sin prevenir no es justicia: es complicidad institucional disfrazada de eficiencia tardía.
Reflexión final
En el Perú del 2025, la ironía es cruel: Oncosalud vende “esperanza en cuotas” y Indecopi ofrece “justicia diferida”. Una dupla perfecta en el mercado de la impunidad. Porque aquí el paciente no compra solo un seguro, compra también la incertidumbre de si le cumplirán; y el ciudadano no recibe protección, sino un comunicado institucional cuando ya es tarde. El cáncer no espera, pero en este país la fiscalización siempre llega después. Y el costo de esa demora no se mide en soles ni en multas: se mide en confianza rota, en derechos vulnerados y en vidas marcadas por un sistema que lucra con el miedo y se excusa en la lentitud.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra