La presidenta Dina Boluarte acumula 67 denuncias. Sí, 67. Una cifra que en cualquier democracia sería insostenible, pero que en el Perú se traduce en blindaje, aplausos tibios en el Congreso y promesas de que “todo se verá después del 2026”. Según la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, 29 denuncias ya fueron archivadas, 29 siguen en trámite y 9 descansan en el Congreso, esa misma institución que se ha convertido en el chaleco antibalas político de la mandataria. Todo bajo la sombra de un fallo del Tribunal Constitucional que garantiza que, hasta el 28 de julio del 2026, la justicia solo puede mirar, pero no tocar.
La escena es casi teatral: una presidenta con 67 denuncias a cuestas, un Congreso con cero intención de fiscalizar y un Tribunal Constitucional que interpreta la Constitución como salvoconducto. En otras palabras: Dina Boluarte vive blindada por un pacto tácito de supervivencia. Ella gobierna (o sobrevive) y el Congreso la protege, porque saben que si una cae, todos caen.
Delia Espinoza, con la seriedad que amerita el cargo, detalló que la presidenta apenas ha ido tres veces a la Fiscalía, siempre de manera voluntaria y coordinada. Nunca se le ha impuesto nada, nunca ha sentido la presión que cualquier ciudadano común experimenta al ser citado por el Ministerio Público. ¿La explicación oficial? Que hay que cuidar la “dignidad del cargo”. Lo que en buen castellano significa que la justicia debe esperar paciente mientras la política hace tiempo.
La situación es grotesca: tenemos una mandataria denunciada 67 veces que, en la práctica, no será investigada hasta dentro de 337 días… y contando. Un calendario de impunidad que pone a prueba la memoria ciudadana. Porque la pregunta es obvia: ¿alguien cree que en el 2026 se abrirán de golpe las compuertas de la justicia? ¿O, como tantas veces, las denuncias terminarán en el archivo del olvido?
Lo más irónico es que el propio Tribunal Constitucional justificó su fallo diciendo que se trataba de proteger la investidura presidencial. En el Perú, proteger la investidura se ha convertido en sinónimo de blindar la impunidad. Mientras tanto, el país real se hunde en la inseguridad, la criminalidad y el colapso de los servicios básicos. Es decir: mientras los ciudadanos mueren por falta de seguridad o medicinas, el poder político se dedica a cuidar el honor simbólico de quien acumula denuncias como si fueran medallas.
Dina Boluarte no gobierna, sobrevive. Su permanencia no depende de proyectos, planes ni liderazgo, sino de un Congreso que la necesita para salvarse a sí mismo y de un Tribunal Constitucional que, en lugar de defender a los ciudadanos, protege a los poderosos. En cualquier país serio, 67 denuncias bastarían para abrir procesos inmediatos. Aquí, apenas sirven como dato de color en las encuestas y como recordatorio de que la justicia no toca a quien está en Palacio.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: el Perú tiene una presidenta que suma 67 denuncias y un sistema político que le garantiza que ninguna avanzará hasta el 2026. Todo en nombre de la “dignidad del cargo”. La verdadera dignidad, sin embargo, es la que se pierde cada día que el país vive bajo el desgobierno, la impunidad y la complicidad. Y cuando llegue julio del 2026, quizás descubramos que lo único que sí se archivó fue la justicia.
Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra