La historia reciente del Perú no se explica sin mirar el origen político común de Pedro Castillo y Dina Boluarte: Perú Libre. Desde esa agrupación nació la ilusión de cambio que pronto se transformó en la peor de las pesadillas. Castillo inauguró un gobierno marcado por la improvisación, la inestabilidad y el caos; Boluarte heredó el poder sin plan de gobierno, sin legitimidad y con la única misión de resistir en Palacio gracias al blindaje congresal. Lo que parecía un ciclo político se convirtió en un círculo vicioso de desgobierno. Y hoy, el país paga el precio: capturado por mafias, desbordado por la criminalidad y abandonado por un Estado reducido a espectador.
Pedro Castillo convirtió la presidencia en un laboratorio de errores. Cada ministerio fue moneda de cambio, cada nombramiento, un ensayo fallido, cada discurso, un síntoma de desorientación. El Estado se convirtió en botín repartido entre intereses y favores, hasta que la presión política y judicial lo empujó fuera del poder. Pero su caída no cerró el capítulo: apenas fue el preludio de una continuidad aún más corrosiva.
Dina Boluarte asumió el mando sin hoja de ruta. Llegó con la banda presidencial pero sin dirección política. Su principal “mérito” ha sido sobrevivir con una aprobación del 2 %, cifra que la ubica entre los gobernantes más impopulares del planeta. Su permanencia no descansa en la gestión, sino en un pacto de conveniencia con el Congreso, que la protege mientras ella asegura su permanencia. Un matrimonio político que funciona para ellos, pero no para el país.
El Perú real, mientras tanto, se encuentra tomado por fuerzas que sí saben planificar. El crimen organizado opera con la eficiencia que le falta al Estado. Extorsiones, secuestros y sicariato son la nueva moneda de cambio nacional. Los cupos dejaron de ser un problema de bodegas y transportistas: hoy son la “tarifa obligatoria” para empresarios, colegios y mercados. Las mafias dictan reglas, imponen justicia y recaudan impuestos paralelos en un Estado dentro del Estado.
La corrupción, como telón de fondo, se expande sin resistencia. Narcotráfico, minería ilegal, tráfico de influencias y prostitución forman parte de un ecosistema ilícito que crece a la vista de todos. La salud pública agoniza entre hospitales sin medicinas, la educación se desmorona con aulas en ruinas y la seguridad se ha convertido en una promesa hueca. Frente a ello, el Ejecutivo se limita a contar los días: faltan 336 para el 28 de julio de 2026, fecha convertida en la única meta de Boluarte.
El pacto de sobrevivencia entre Ejecutivo y Legislativo es evidente. Ella sostiene a un Congreso con 93 % de desaprobación; el Congreso la sostiene en Palacio. No es un acuerdo en defensa del país, sino de intereses mutuos. Y mientras se blindan entre sí, la ciudadanía queda atrapada en un círculo de violencia, pobreza y desconfianza, sin Estado que proteja ni democracia que represente.
Castillo abrió el desastre, Boluarte lo profundizó. Ambos son responsables de un mismo fracaso: demostrar que el poder sin preparación ni visión termina en ruina nacional. La política se ha vuelto un ejercicio de supervivencia, no de gobierno. Y así, mientras el poder político se atrinchera en sus privilegios, el crimen organizado ocupa los espacios que el Estado ha abandonado.
Reflexión final
Al próximo presidente no le tocará administrar un país: le tocará reconstruirlo de las cenizas. Refundar instituciones, recuperar territorios y devolver legitimidad a una democracia que hoy agoniza. Porque si algo queda claro con la experiencia de Castillo y Boluarte es que el Perú ya no resiste más gobiernos que sobrevivan por calendario. Lo que el país necesita no es tiempo contado en días, sino liderazgo que transforme un Estado en ruinas en un Estado que gobierne. De lo contrario, lo que hoy llamamos debacle será mañana un estallido inevitable.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra