El Perú amaneció con una noticia que debería escandalizar a cualquiera: más de 4 millones de balones de gas adulterados circulan en el país. La mitad de los cilindros que llegan a los hogares no cumplen normas técnicas y representan un peligro real de explosión. En otras palabras, millones de familias cocinan todos los días con una bomba de tiempo en la cocina. La pregunta es inevitable: ¿dónde están el Estado, el ministro del sector, Osinergmin, Indecopi y todas las entidades que deberían fiscalizar? Al parecer, ocupados en certificar accidentes después de ocurridos, porque en prevención brillan por su ausencia.
La situación no es nueva. Desde hace años se denuncia el mercado informal de GLP, pero en lugar de controles estrictos lo que tenemos son advertencias tibias y campañas de concientización que no frenan nada. Hoy, 7 de cada 10 hogares podrían estar usando balones adulterados, oxidados, con abolladuras, peso incompleto y, en muchos casos, maquillados para parecer de marcas reconocidas. Un fraude perfecto: se roba gas, se revende como si nada y el consumidor, además de pagar de más, queda expuesto a morir calcinado en su propia casa.
El problema es estructural. Los balones de gas no solo están mal fabricados o manipulados: circulan en un mercado que se mueve bajo la mirada cómplice del Estado. Osinergmin emite estadísticas, Indecopi “advierte” cuando un accidente ya es viral en televisión y el ministerio del sector guarda silencio, como si no se tratara de un tema de seguridad nacional. Mientras tanto, las empresas formales lanzan campañas de responsabilidad social con lemas como “Tu seguridad no tiene precio”, mientras la realidad demuestra que en el Perú la seguridad sí tiene precio, y es bajo: tanto, que el Estado prefiere ahorrar controles y dejar que las bombas rueden de casa en casa.
La gravedad del asunto se mide también en cifras: más de 7 millones de hogares usan GLP a diario y 650 mil vehículos funcionan con este combustible. Una cadena de consumo masivo que debería estar regulada al milímetro se ha convertido en un coladero donde lo informal manda y lo formal sobrevive como puede. Y no es que falten advertencias: las deflagraciones y explosiones en distintos distritos del país son prueba de lo que ocurre cuando la fiscalización es un saludo a la bandera.
El colmo es que las entidades estatales solo reaccionan después de los siniestros, con el libreto de siempre: abrir investigaciones, emitir comunicados, anunciar multas que jamás reparan la vida perdida ni el patrimonio destruido. El problema es tan evidente que ya no se trata de fiscalizar, sino de asumir la negligencia institucional como parte del modelo. El Estado aparece como cronista de tragedias, nunca como garante de seguridad.
El escándalo de los balones de gas adulterados demuestra que vivimos en un país donde la prevención es ciencia ficción y la fiscalización un acto teatral. No se trata de un problema menor, se trata de la seguridad de millones de personas que todos los días cocinan con la sombra de una posible explosión. El Estado se limita a registrar los accidentes, mientras las mafias del gas informal llenan sus bolsillos.
Reflexión final
En el Perú del 2025, cada balón de gas que entra a un hogar puede ser una ruleta rusa. El Estado, en lugar de controlar la cadena de distribución, se dedica a emitir comunicados después del incendio. Y lo irónico es que mientras se habla de megaproyectos, industrialización y crecimiento económico, millones de peruanos siguen cocinando con cilindros adulterados que son, literalmente, bombas de tiempo legalizadas por la inacción estatal. La pregunta no es si ocurrirá otra tragedia, sino cuándo. Y cuando pase, ahí estarán otra vez las autoridades, con comunicados y estadísticas frescas, para certificar lo que nunca se atrevieron a evitar.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra