El Perú vive un drama que se repite como un eco interminable: la minería ilegal y el narcotráfico no solo conviven, sino que han formado un matrimonio perfecto, blindado por la indiferencia estatal. Las cifras son contundentes: mientras los cultivos ilegales de coca aumentan en Huánuco, La Libertad y Puno, los mineros inscritos en el Reinfo —algunos con pasado en el narcotráfico— operan con impunidad en las mismas regiones. El hallazgo de dragas junto a laboratorios de Pasta Básica de Cocaína no es un accidente, es la prueba de que oro y coca comparten territorio, logística y ganancias. Frente a esto, el gobierno de Dina Boluarte y su Congreso ausente se limitan a mirar el calendario: sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026.
El caso de Alto Alianza, en Huánuco, es revelador. La Policía destruyó dos dragas y, a un kilómetro, un laboratorio de cocaína. La escena es clara: donde hay oro ilegal, hay cocaína; y donde hay cocaína, hay armas, contrabando y lavado de dinero. Se trata de un ecosistema criminal consolidado, en el que lo ilícito se institucionaliza y reemplaza al Estado.
Los números lo confirman. En Leoncio Prado se registran 451 hectáreas de coca; en Ongón, La Libertad, 124; en San Gabán, Puno, 1,294. En paralelo, el Reinfo mantiene activos a 286 mineros informales en esas mismas zonas. Entre ellos aparece Miguel López Atencia, alias “Dionisio”, acusado en el pasado de narcotráfico y señalado incluso como financista de Sendero Luminoso. Hoy, en un giro grotesco, figura como minero en vías de formalización y solicita concesiones para explotar 400 hectáreas en San Martín. El mensaje es perverso: en el Perú, tener prontuario abre más puertas que tener credenciales.
La exprocuradora Sonia Medina ha sido clara: estas economías ilícitas se retroalimentan. El narcotráfico blanquea su dinero comprando oro ilegal, mientras la minería informal encuentra capital en el tráfico de cocaína. El contrabando completa la ecuación, asegurando mercurio, dinamita e insumos químicos para ambas actividades. Como señaló el exministro Rubén Vargas, los carteles internacionales han encontrado en el Perú un paraíso financiero más barato y más seguro que cualquier isla caribeña.
Y mientras tanto, ¿qué hace el Estado? Nada. Dina Boluarte no tiene plan de gobierno, ni estrategia contra el crimen organizado, ni voluntad política para enfrentar las mafias. Sus ministros —decorativos y silenciosos— son testigos de lujo del colapso. El Congreso, atrapado en su propia agenda de blindajes y privilegios, tampoco interviene. El pacto tácito es evidente: dejar que las mafias gobiernen mientras Ejecutivo y Legislativo aseguran su permanencia hasta el 2026.
El resultado es un país en piloto automático, donde la ciudadanía debe negociar su seguridad con bandas criminales. Los cupos ya no son solo para bodegas o transportistas; hoy se cobran en mercados, colegios y empresas. Las mafias se han convertido en recaudadoras más eficientes que la Sunat. La justicia se administra con armas y explosivos, mientras la política se dedica a sobrevivir.
El verdadero plan de gobierno no está en Palacio, está en los territorios dominados por oro y coca. Lo que debería ser política pública se ha convertido en política criminal. La tolerancia al Reinfo en zonas tomadas por mafias no es un error administrativo: es complicidad disfrazada de formalización.
Reflexión final
A Dina Boluarte le quedan 334 días en el poder. A los peruanos, les queda mucho menos tiempo para evitar que el país se convierta en un narcoestado con fachada democrática. Si no se actúa ahora, el próximo presidente no heredará un país: recibirá un territorio capturado por mafias, con una institucionalidad destruida y una democracia irreconocible. La gran pregunta es si el Perú seguirá aceptando que la política se limite a sobrevivir mientras el crimen organizado hace lo que el Estado ya no sabe —o no quiere— hacer: gobernar.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra