El oro ilegal brilla más que el Estado. La fiebre del oro sigue devorando la Amazonía peruana mientras el gobierno observa en silencio. Un reciente informe de Conservación Amazónica (ACCA) revela que la minería ilegal de oro ya avanza en nueve regiones amazónicas del Perú, devastando bosques, ríos y comunidades indígenas. Frente a esta amenaza, el Ejecutivo se muestra ausente: no hay plan de gobierno, no hay estrategia y no hay voluntad. Los ministros actúan como maniquíes decorativos, el Congreso como cómplice por omisión, y el país como territorio disponible para el crimen organizado.
Los datos del informe son contundentes. En un año, el número de regiones afectadas por la minería ilegal pasó de siete a nueve. Solo en Huánuco, la actividad ilícita se triplicó, con más de 1,700 hectáreas deforestadas y 248 infraestructuras operando en la zona del río Yuyapichis. Madre de Dios, por su parte, registra más de 1,600 dragas activas en sus ríos, consolidando el fracaso de la famosa Operación Mercurio. En total, se han devastado casi 140,000 hectáreas de bosque amazónico, con 73 comunidades nativas directamente impactadas por la extracción ilegal de oro (ACCA, 2025).
Pero lo alarmante no son solo las cifras. Es el contexto: la minería ilegal no camina sola, marcha de la mano con el narcotráfico y el contrabando. El oro sirve para lavar capitales de la cocaína, el mercurio ingresa gracias a cárteles internacionales, y las dragas proliferan bajo la mirada complaciente de autoridades que prefieren mirar hacia otro lado. Como señaló el fiscal ambiental Bratzon Saboya, “la acción de un sector o de una institución no es suficiente para manejar un problema de tanta complejidad”. Sin embargo, en el Perú ni siquiera hay acción de un sector: hay pasividad generalizada.
La ausencia del Estado se convierte en la mayor ventaja de las mafias. La minería ilegal no solo destruye ecosistemas, también establece nuevas formas de poder territorial. Son las mafias las que deciden quién trabaja, quién cobra, quién calla y quién desaparece. Las comunidades indígenas, históricamente marginadas, hoy son obligadas a convivir con dragas, campamentos mineros y la contaminación de sus ríos. El Estado llega tarde, mal o nunca; y cuando aparece, suele hacerlo con operativos aislados que en poco tiempo son revertidos por el retorno de los ilegales.
La paradoja es grotesca: mientras las organizaciones criminales expanden sus economías ilícitas, el gobierno se limita a sobrevivir políticamente. Dina Boluarte, sin plan de gobierno y sin estrategia contra el crimen, parece más preocupada por blindar a su entorno familiar y resistir hasta el 28 de julio de 2026, que por frenar la destrucción de la Amazonía. El Congreso, por su parte, se entretiene en asegurar privilegios y legislar en favor de sus intereses, mientras la minería ilegal y el narcotráfico avanzan a paso firme.
El informe de Conservación Amazónica no es solo un diagnóstico ambiental, es un retrato de la ingobernabilidad. Nueve regiones del país están siendo devoradas por la fiebre del oro, 73 comunidades indígenas han sido invadidas por campamentos ilegales y la deforestación alcanza proporciones históricas. Frente a todo esto, el silencio del Ejecutivo y la indiferencia del Congreso equivalen a una claudicación.
Reflexión final
El oro ilegal brilla más que el Estado, porque ha conseguido lo que el gobierno no logra: control territorial, capacidad de organización y una economía paralela que supera en eficiencia a cualquier programa estatal. Si el país sigue en piloto automático, en pocos años la Amazonía no será el pulmón del mundo, sino el cementerio de la incapacidad política peruana.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra