El Perú atraviesa una tragedia que se cuenta en ataúdes pequeños: 67 menores asesinados en lo que va del 2025, la cifra más alta en ocho años. El país se ha convertido en un territorio donde el crimen organizado decide quién vive y quién muere, donde hasta los niños se vuelven víctimas de balas que no entienden de edad ni de inocencia. Mientras tanto, el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso siguen en su burbuja: blindajes, discursos huecos y prioridades invertidas. No hay plan de seguridad, no hay estrategia contra la criminalidad, pero sí hay tiempo y millones para aviones de guerra que jamás defenderán a quienes caen todos los días en nuestras calles.
Los números del Sinadef son un espejo brutal: 67 menores asesinados entre enero y agosto del 2025, 52 adolescentes y 15 niños. La tendencia es clara y ascendente. En 2017 fueron 25, en 2022 subió a 52, en 2024 a 47. Hoy, el récord es dolorosamente histórico. No son estadísticas abstractas: son historias desgarradoras.
En Huaura, un niño de ocho años murió acribillado cuando sicarios descargaron 27 disparos contra un extorsionador. La vida de un inocente se apagó por estar en el lugar equivocado, en el país equivocado, bajo un gobierno ausente. En Juliaca, delincuentes encañonaron a un niño de nueve años para desvalijar su casa, y al escapar dispararon contra los vecinos como quien dispara al aire. En Villa El Salvador, un niño alzó las manos en una pollería para “protegerse” de tres sujetos armados, como si la inocencia pudiera detener las balas. Y en San Martín de Porres, una adolescente terminó inconsciente tras ser golpeada y asaltada en plena calle. Escenas que antes parecían excepcionales hoy se repiten con la normalidad de las noticias deportivas.
La respuesta estatal es un guion repetido: comunicados, promesas de reforzar la seguridad, capacitaciones “virtuales” para padres y docentes. Pero lo que no hay son chalecos antibala, patrulleros operativos ni presencia policial real en los barrios tomados por el hampa. Mientras los delincuentes zonifican territorios, el Estado solo zonifica excusas.
La paradoja es insultante. El mismo gobierno que no invierte en proteger la vida de los niños anuncia con entusiasmo un gasto de 3,500 millones de dólares en aviones de guerra. Cada Rafale o Gripen cuesta lo mismo que chalecos antibalas para toda la Policía Nacional. Cada caza equivale a hospitales enteros abastecidos con medicinas oncológicas. Pero, claro, esos no se pueden mostrar en desfiles militares ni asegurar aplausos de generales.
El Congreso, por su parte, ha demostrado que es inmune a la tragedia. Cierra filas para blindar a Boluarte, discute cómo sobrevivir hasta el 2026 y mira para otro lado frente a las cifras del horror. En ese pacto de silencio, los niños asesinados no existen: no votan, no reeligieron a nadie, no representan un capital político. La indiferencia se ha institucionalizado.
El asesinato de menores de edad en el Perú no es un “daño colateral” de la delincuencia, es el síntoma más cruel del colapso del Estado. Cuando los niños se convierten en blanco de las balas, no solo hablamos de inseguridad, hablamos de un país que ya ha perdido su esencia: proteger a quienes representan su futuro. Y mientras los padres entierran a sus hijos, el gobierno entierra millones en contratos militares que no salvarán una sola vida en las calles.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: los delincuentes zonifican barrios para cobrar cupos y disparan contra escolares, mientras el Estado compra cazas supersónicos que no tienen contra quién volar. La guerra real se libra en los barrios, no en los cielos. Y la estamos perdiendo con cada niño asesinado. En el Perú del desgobierno, la vida se mide en funerales y el futuro se escribe en lápidas pequeñas. La pregunta no es si la cifra crecerá, sino cuántos más tendrán que caer antes de que el Estado decida dejar de volar en piloto automático.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra