En el Perú ya no gobierna Palacio, tampoco el Congreso. Quien realmente dicta las reglas son las organizaciones criminales: extorsionadores que zonifican barrios, sicarios en moto que ejecutan en plena calle, bandas que cobran cupos hasta en colegios. El país se ha convertido en un tablero donde la vida se negocia y la muerte se impone. Los números del Sinadef lo confirman: más de 1.293 homicidios en lo que va del 2025, 67 de ellos menores de edad. Y mientras los ciudadanos viven atrapados entre granadas, balas y secuestros, el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se entretienen en blindajes, viajes y compras de aviones de guerra que no dispararán contra la delincuencia común que desangra nuestras calles.
La violencia en el Perú ya no es un síntoma: es el sistema. Desde el año 2000 al 2024, los homicidios se triplicaron y hoy rozan cifras que rivalizan con países como México y Colombia en sus peores épocas. La diferencia es que allá reconocieron que el crimen había infiltrado al Estado. Aquí, en cambio, seguimos escuchando excusas técnicas: que si las cifras del Sinadef no cuadran con las de la PNP, que si son carpetas fiscales o certificados de defunción. Mientras discuten en qué Excel colocar los cadáveres, los funerales no paran.
Las escenas hablan solas. En Huaura, un niño de ocho años fue acribillado por las balas que iban dirigidas a un extorsionador: 27 disparos como banda sonora del desgobierno. En Juliaca, delincuentes encañonaron a un menor de nueve años para desvalijar su casa, y al huir dispararon contra los vecinos, como si fuera parte del contrato. En Pueblo Libre, una joven fue ejecutada a plena luz del día ante la mirada de transeúntes que ya ni se sorprenden. En La Libertad, Trujillo se convirtió en el epicentro de granadas y dinamita en colegios y negocios. Lo impensable ahora es rutina.
El país, además, enfrenta una nueva morfología criminal: a los delitos comunes se suman el crimen organizado y los delitos informáticos. Extorsión en mercados, minería ilegal en selva y sierra, narcotráfico en puertos y pistas clandestinas, sicariato en calles, ciberestafas en celulares. Todo bajo la misma lógica: el Estado es un espectador desarmado.
Y lo grotesco es que el Gobierno no prioriza combatir esta guerra real. La presidenta Boluarte anuncia con entusiasmo la compra de cazas Rafale o Gripen por 3,500 millones de dólares, mientras la Policía patrulla con el 30 % de unidades operativas y policías que deben comprar sus propios chalecos antibalas. Un suboficial asesinado en La Victoria había adquirido de su bolsillo el equipo de protección que igual no le salvó la vida. Ese es el verdadero rostro del abandono: aviones supersónicos para desfiles militares y ataúdes de madera barata para policías y ciudadanos.
El Congreso tampoco se queda atrás en este teatro de la indiferencia. Blindajes, reelección, cálculos políticos: todo menos seguridad. Para ellos, los 1.293 muertos no existen. No votan, no financian campañas, no salvan bancadas. Los muertos, en el Perú político, son estadística sin utilidad.
Hoy el país es rehén de organizaciones criminales que operan con más disciplina que el propio Estado. Y si el panorama sigue igual, no será exagerado pensar que el Perú se convertirá en una sucursal de carteles extranjeros como el “Cartel de los Soles”, que ya operan en la región. Con una minería ilegal que genera más dinero que la legal, un narcotráfico que crece en puertos del Callao y Paita, y un Estado en coma, el camino hacia un narco-Estado no es alarma, es advertencia en tiempo presente.
Reflexión final
El sarcasmo duele pero describe: los delincuentes zonifican barrios y colegios para cobrar cupos, mientras el Estado solo zonifica pretextos. El gobierno invierte en cazas que jamás despegarán contra un sicario en moto y autos de lujo para generales que no pisan las calles. Los criminales avanzan con fusiles, el Estado responde con PowerPoints. El Perú no está “en riesgo” de caer en manos del crimen organizado: ya cayó. La verdadera pregunta es si alguna vez saldrá de este abismo o si, como parece, ya nos acostumbramos a vivir en un país donde la ley es del más armado y la justicia es apenas un rumor lejano.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra