En el Perú ya no sorprende que la política sea un espectáculo decadente, pero lo que sí debería escandalizar es que la propia Presidencia haya convertido el Gabinete Ministerial en una sucursal de la Fiscalía. No se trata de rumores ni de “percepciones”: son datos oficiales. Once ministros del Gabinete Arana suman cuarenta investigaciones fiscales, que van desde abuso de autoridad hasta tráfico de influencias. Lo que en cualquier democracia habría provocado dimisiones inmediatas, en nuestro país es presentado como un hecho administrativo menor. Y la presidenta Dina Boluarte, sin plan de gobierno ni voluntad política, sostiene a este gabinete como quien sostiene un decorado: basta con que aguante hasta el 28 de julio de 2026, porque después… poco importa.
Pedro Castillo abrió la puerta al desgobierno y Dina Boluarte se encargó de dejarla abierta de par en par. La improvisación es el sello, la impunidad el cemento y la sobrevivencia el único plan político. No hay estrategia contra la criminalidad, ni rumbo en salud, educación o seguridad. Lo único que avanza, a paso firme, son los procesos fiscales de sus ministros.
Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, lidera la lista con más investigaciones abiertas que proyectos de ley conocidos. Se le atribuyen ofrecimientos ilegales, favores a expolicías sentenciados y abuso de poder para desactivar equipos policiales incómodos. Le sigue Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, con ocho investigaciones en curso; Morgan Quero, de Educación, con seis, incluyendo acusaciones por discriminación; y César Vásquez, de Salud, con cuatro más. El premier Eduardo Arana tampoco se queda atrás: la Fiscalía lo investiga por sus vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El catálogo se completa con peculado, colusión, cohecho, delitos contra la fe pública, lesiones graves y negociaciones incompatibles. Y como si fuera poco, algunos ministros reciben defensa legal financiada con fondos públicos, es decir, el Estado paga para proteger a quienes lo ponen en entredicho. Una ironía que raya en el absurdo: el ciudadano que paga impuestos financia tanto su deterioro como la coartada de sus gobernantes.
La pregunta es inevitable: ¿qué significa que un gabinete entero esté bajo sospecha? Significa que la ética ha dejado de ser un requisito y se ha convertido en un estorbo. Significa que la política peruana ha normalizado el desgobierno, blindado por un Congreso que también legisla en beneficio propio. Y significa, sobre todo, que la ciudadanía ha quedado atrapada entre un Ejecutivo pintado en la pared y un Legislativo que solo mira su supervivencia.
Mientras tanto, el país real se desangra. Extorsiones, secuestros, asesinatos y cobro de cupos son la nueva “tributación nacional” que imponen las mafias. La minería ilegal y el narcotráfico avanzan como economías paralelas que generan más ingresos que los ministerios juntos. Y el Estado, en lugar de enfrentarlos, se dedica a blindar a ministros investigados y a emitir pronunciamientos indignados cuando la Fiscalía osa tocar a un pariente presidencial.
La permanencia de estos ministros no solo es un insulto a la ética pública, sino también la confirmación de que el Perú vive en una anormalidad aceptada. La presidenta Boluarte, con apenas 2 % de aprobación y sin rumbo, ha reducido su mandato a un simple conteo regresivo: faltan 337 días para llegar al 28 de julio de 2026. No hay más metas, no hay más visión. Gobernar se ha vuelto sinónimo de resistir.
Reflexión final
El Gabinete Arana es la radiografía de un Estado capturado por la impunidad: un Ejecutivo que sobrevive con ministros que coleccionan carpetas fiscales como medallas, un Congreso que blinda para asegurar su permanencia y una presidenta que observa cómo el país se desliza hacia el abismo. La lección es brutal: cuando la política se divorcia de la ética, el poder se convierte en un refugio para los investigados y la ciudadanía queda condenada a vivir en un país en piloto automático, esperando un choque anunciado.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra