El Perú no necesita un diagnóstico médico para confirmar lo evidente: el sistema de salud está en ruinas. EsSalud, la institución que debería sostener a millones de peruanos, hoy se desangra entre corrupción, precariedad y abandono. Y como si no fuera suficiente, el 9 de septiembre los médicos y trabajadores iniciarán una huelga indefinida que dejará a miles de pacientes sin atención. La medida es extrema, pero el contexto lo explica todo: pasillos convertidos en emergencias, partos atendidos en patios improvisados y hospitales que sobreviven gracias a la voluntad del personal más que a las decisiones del gobierno. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte y su ministro César Vásquez parecen habitar otra realidad: aviones de guerra, vehículos de lujo, viajes internacionales y millones tirados a un Petroperú en cuidados intensivos.
Los gremios lo han dicho con claridad: EsSalud es botín político, no un servicio público. El presidente ejecutivo, Segundo Acho Mego, llegó al cargo con un único mérito: su cercanía a Alianza para el Progreso. Desde entonces, ha colocado a funcionarios que saben más de favores partidarios que de salud pública. El resultado es grotesco: hospitales sin insumos básicos, pacientes hacinados y servicios colapsados. La precariedad dejó de ser la excepción y se convirtió en la normalidad de un sistema que atiende más con rezos que con recursos.
El colapso es total. Un enfermero puede atender hasta treinta pacientes en un solo turno. Faltan especialistas en provincias, lo que obliga a trasladar enfermos a Lima, donde los hospitales ya no dan abasto. El emblemático Rebagliati es hoy una metáfora del país: saturado, desbordado y en decadencia. Para colmo, el Ciclotrón —equipo esencial para diagnósticos de cáncer— lleva dos años paralizado, mientras EsSalud paga fortunas a privados por insumos que podría producir por sí mismo. No es falta de dinero: es la perfecta combinación de incapacidad y corrupción.
Y los números lo confirman. Según la Contraloría, EsSalud ostenta un 83% de inconducta funcional y un 91% de corrupción. Las cifras no son estadísticas, son sentencias. Se gastan millones en alquileres de locales, se planifican obras inútiles como la Torre Trecca —con un presupuesto inflado a S/ 625 millones— y se impulsan asociaciones público-privadas que comprometen más de S/ 4.000 millones. Mientras tanto, en hospitales de Junín las emergencias se atienden en pasillos, en La Libertad los partos se realizan en patios y en Chorrillos un solo técnico se enfrenta a decenas de pacientes.
En este escenario, la huelga del 9 de septiembre es inevitable. No es solo una protesta laboral: es la respuesta a un Estado ausente, a un gobierno que se limita a sobrevivir con respirador político gracias al Congreso. César Vásquez, ministro de Salud, actúa como un espectador en la primera fila del desastre. Y Dina Boluarte, blindada hasta el 2026, sigue gastando en lujo y exhibiciones militares, como si el verdadero enemigo estuviera en las fronteras y no en los pasillos colapsados de nuestros hospitales.
El país se enfrenta a una paradoja cruel: hay dinero para la compra de aviones de guerra, pero no para medicinas; hay presupuesto para autos de lujo para generales, pero no para chalecos antibalas de la PNP; hay viajes internacionales, pero no hay insumos para atender partos dignos. La salud pública no colapsó sola: la empujaron el desgobierno, la indiferencia y la corrupción sistemática. La huelga es apenas el reflejo visible de una enfermedad más grave: la decisión política de abandonar la salud a su suerte.
Reflexión final
El Perú vive con la salud en huelga indefinida mucho antes del 9 de septiembre. La huelga de los médicos es apenas el grito de alerta que el país se negó a escuchar durante años. Mientras Dina Boluarte y el Congreso sobreviven en modo automático hasta el 28 de julio de 2026, los pacientes sobreviven en pasillos improvisados, entre esperas interminables y con la sensación de que la vida depende menos del médico y más de la suerte. Cuando la salud pública se convierte en botín político, el verdadero colapso no está en los hospitales: está en el alma de un Estado que dejó de proteger a sus ciudadanos.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra