El Perú es hoy un país que camina sobre la cuerda floja de la criminalidad. Los fiscales supremos lo han advertido sin rodeos: desde septiembre no habrá operativos contra extorsiones, sicariato, minería ilegal ni narcotráfico por falta de presupuesto. En cualquier democracia sensata, esta alerta sería un escándalo de primera magnitud. En el Perú, en cambio, el Gobierno de Dina Boluarte ha respondido ocho veces con la misma negativa: no hay dinero. Curiosamente, para aviones de guerra, autos de lujo para generales, viajes oficiales y un Petroperú en coma financiero sí lo hay. La paradoja es obscena: el Estado prefiere comprar juguetes militares y rescatar empresas quebradas antes que dotar de recursos a quienes deben perseguir al crimen organizado que ya controla vastos territorios del país.
El pronunciamiento del Ministerio Público, sustentado en cifras, desmonta cualquier intento de minimizar el problema. Se requieren 81 millones de soles para mantener operativos básicos contra mafias, trata de personas y corrupción. La suma, en comparación con los 150.000 millones de presupuesto nacional, parece ridícula; sin embargo, el Ejecutivo insiste en su negativa. La pregunta no es solo contable, es política: ¿a quién incomoda que la Fiscalía tenga recursos para investigar?
El deterioro institucional es más evidente cuando se contrasta la realidad. Mientras los fiscales piden laboratorios, morgues y equipos periciales para enfrentar homicidios y extorsiones, el Gobierno anuncia orgulloso la compra de aviones de guerra y autos de alta gama para generales. ¿Contra quién se prepara el Ejecutivo? Porque contra las bandas criminales no es: ellas siguen sumando asesinatos, secuestros y cobro de cupos sin que el Estado logre contenerlas.
Lo que asoma es un país en piloto automático. Dina Boluarte nunca tuvo un plan de gobierno, menos aún una estrategia para enfrentar al crimen organizado. Su lógica de poder es otra: resistir hasta el 28 de julio de 2026, fecha que se ha convertido en su única hoja de ruta. El resto es secundario, incluso la seguridad ciudadana.
Mientras tanto, la minería ilegal y el narcotráfico avanzan como dos locomotoras gemelas que arrasan comunidades indígenas, bosques amazónicos y economías locales. El propio informe de Conservación Amazónica muestra que en nueve regiones amazónicas la fiebre del oro ilegal devora ríos, reservas naturales y territorios nativos, mientras los cárteles internacionales trafican mercurio, oro y cocaína. Pero el Estado mira hacia otro lado, entretenido en sus disputas con la Fiscalía y en blindar a familiares presidenciales de investigaciones incómodas.
El resultado es devastador: la criminalidad se expande, la Fiscalía queda sin presupuesto y los ciudadanos quedan desprotegidos. La ironía es cruel: el Gobierno dice luchar por la democracia, pero en la práctica deja sin armas al sistema encargado de garantizar justicia. Como si declarar enemigos al Ministerio Público fuera más prioritario que combatir a las mafias que desangran al país.
El mensaje es claro: la justicia, para este Gobierno, es un gasto prescindible. Los fiscales lo recordaron en su pronunciamiento: “La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”. Pero esa inversión no existe, y el Ejecutivo insiste en reducir la Fiscalía a la impotencia.
Reflexión final
El Perú está atrapado en una paradoja letal: un Estado que habla de soberanía, pero entrega su territorio al crimen organizado; un Gobierno que invoca la defensa nacional, pero desarma a quienes deben perseguir la delincuencia; una presidenta que sobrevive políticamente mientras el país se hunde en la violencia. El próximo estallido no será una sorpresa, será una consecuencia. Porque cuando un país elige financiar aviones de guerra antes que fiscales, está declarando que prefiere perder la guerra interna contra el crimen antes que incomodar a sus aliados políticos.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra