En el Perú ya nada sorprende: la criminalidad toma barrios, extorsiona colegios y cobra cupos hasta a los bodegueros; la minería ilegal y el narcotráfico avanzan como si fueran ministerios paralelos; y mientras tanto, la gran idea del Gobierno es resucitar El Frontón. Sí, la vieja cárcel en la isla del Callao que carga consigo más fantasmas que soluciones. Dina Boluarte y su ministro Juan José Santiváñez anuncian con solemnidad que este penal de máxima seguridad recibirá a 2,000 presos de alta peligrosidad y que costará S/ 500 millones. Una propuesta que suena más a cortina de humo que a política seria.
El anuncio parece un déjà vu: el Estado promete seguridad en titulares, pero en la práctica lo único que construye son discursos. Mientras hablan de penales futuristas en el mar, la cárcel de Ica sigue abandonada desde hace seis años. ¿No era más lógico terminar lo que ya está a medio hacer antes de jugar a diseñar Alcatraz versión andina? Pero claro, en un país donde los hospitales no tienen medicinas, la Policía no tiene chalecos y los colegios son blanco de granadas, resulta más rentable hablar de “mano dura” en una isla remota que enfrentar la realidad en tierra firme.
La ironía histórica es brutal: El Frontón no es un penal cualquiera, es un símbolo del fracaso del Estado. Ahí estalló en los 80 uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: el motín y la masacre del 86, donde la violencia del Estado se mezcló con la barbarie de Sendero Luminoso. Hoy, casi 40 años después, en vez de aprender de los errores, el Gobierno quiere reciclar la tragedia como si se tratara de un proyecto de “seguridad de vanguardia”.
El populismo penal es la fórmula más vieja del manual político. Prometer cárceles nuevas da aplausos fáciles: no requiere inteligencia, solo cemento y cifras redondas. El problema es que no soluciona nada. ¿De qué sirve una cárcel de S/ 500 millones cuando el país entero se ha convertido en un penal sin rejas, donde los ciudadanos viven secuestrados por el miedo?
Lo que no se dice es que El Frontón será también un festín para las constructoras y las consultorías amigas. Ya conocemos el libreto: primero se anuncia la gran obra, luego se inflan presupuestos, se alargan plazos y al final terminamos con elefantes blancos. Así pasó con penales inconclusos en provincias y así podría pasar con este nuevo capricho insular.
El país arde en inseguridad, pero el Gobierno responde con anuncios grandilocuentes. No hay un plan nacional contra la criminalidad, no hay estrategia integral contra las bandas que hoy controlan territorios enteros, no hay recursos para la Policía ni para fortalecer el sistema judicial. En lugar de eso, tenemos la promesa de una cárcel en medio del mar, presentada como la solución mágica que, en el mejor de los casos, se terminaría cuando los extorsionadores ya cobren impuestos casa por casa.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: mientras los delincuentes se reparten el país como si fueran notarios del crimen, el Estado promete encerrar a 2,000 presos en una isla que todavía es un proyecto en PowerPoint. El Frontón, que alguna vez simbolizó el fracaso sangriento del Estado, ahora regresa como símbolo de su populismo desesperado. La verdadera prisión está en tierra firme: un país gobernado por la impunidad, donde los ciudadanos cumplen cadena perpetua de miedo, mientras el Gobierno construye castillos —o mejor dicho, penales— en el aire.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra