En el Perú ya se volvió costumbre: Petroperú no paga, Petroperú pierde, Petroperú se hunde… y el Estado, con la billetera de todos los peruanos, corre a rescatarlo. Entre junio y julio de este año se aplicaron garantías por más de S/600 millones para cubrir los huecos de una empresa que ya no es empresa: es un cadáver financiero que sobrevive conectado a la respiración artificial del Tesoro Público. Mientras tanto, hospitales sin medicinas, policías sin chalecos antibala, colegios sin maestros y barrios tomados por bandas criminales esperan un rescate que nunca llega.
Los números son claros y, peor aún, repetitivos: a los más de S/6,000 millones capitalizados por el Ejecutivo en 2024, se suman ahora cerca de S/650 millones entre junio y julio de este año, según el Banco Central de Reserva. Y todo para sostener a una empresa cuya propia contabilidad reconoce pérdidas acumuladas por más de US$2,100 millones.
El exviceministro de Energía Arturo Vásquez lo dice sin rodeos: Petroperú está en insolvencia. No genera flujo de caja, no puede pagar su deuda y lo poco que ingresa se esfuma en gastos operativos y compromisos incumplidos. Según la Ley General de Sociedades, con más del 50% del patrimonio perdido, lo lógico sería convocar a los accionistas —es decir, al Estado— para decidir su disolución. Pero aquí no se decide nada: solo se tapa el agujero con más dinero público, esperando que nadie haga las cuentas.
Y las cuentas son grotescas: cada nuevo “salvataje” equivale a miles de chalecos antibala para policías que enfrentan sicarios con el pecho descubierto, a hospitales enteros abastecidos con medicamentos oncológicos que hoy faltan, a programas de nutrición para niños que siguen creciendo con anemia. Pero no, el Gobierno de Dina Boluarte prefiere invertir en un cadáver. ¿Por qué? La pregunta es inevitable: ¿se trata de incapacidad para aceptar la quiebra o de intereses ocultos que convierten a Petroperú en la caja chica de unos pocos?
Moody’s ya advirtió que estos rescates comprometen la estabilidad fiscal del país. El Consejo Fiscal lo reiteró. Y, sin embargo, el Gobierno insiste en darle respiración boca a boca a una petrolera que ni produce, ni vende, ni compite. Petroperú dejó de ser empresa hace rato: es ahora un barril sin fondo, una excusa para seguir drenando recursos en nombre de un “rescate” que solo posterga la agonía.
El populismo fiscal de este gobierno tiene rostro: Petroperú. Se nos repite que es “estratégica”, que no puede caer, que la nación perdería soberanía energética. Pero la verdad es otra: la empresa está liquidada y mantenerla cuesta más que sostener servicios esenciales para la ciudadanía. La paradoja es brutal: mientras el país es secuestrado por el crimen organizado, el Estado elige rescatar a un muerto empresarial.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: en el Perú no hay plata para medicamentos contra el cáncer, para reforzar colegios amenazados por granadas, ni para patrulleros que persigan delincuentes. Pero sí la hay para pagar las deudas de Petroperú. Lo que demuestra que aquí no tenemos una petrolera estatal: tenemos una fosa común financiera donde se entierran los impuestos de todos. El problema ya no es salvar a Petroperú; el problema es salvar al Perú de gobiernos que insisten en resucitar cadáveres mientras abandonan a los vivos.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra