Si a la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN) la hackean como si fuera una página de memes, ¿qué le espera al ciudadano común que apenas protege su celular con un “1234”? El reciente ataque cibernético revelado el 5 de septiembre no es un episodio aislado, es la confirmación de que las organizaciones criminales tienen más control que el propio Estado. Lo increíble es que, en cualquier otro país, un hecho de este calibre habría provocado renuncias inmediatas de ministros o incluso del propio presidente. En el Perú, en cambio, solo se activa un “plan de contingencia” y seguimos como si nada, con un gobierno en piloto automático que apenas apunta a sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026.
Los delincuentes no solo vulneraron servidores: obtuvieron acceso a registros de agentes encubiertos e investigaciones en curso. Es decir, la columna vertebral de la seguridad interna quedó expuesta en un grupo de Telegram llamado “DefacePerú Chat”. En buen cristiano: los espías fueron espiados, los infiltrados quedaron al descubierto y las investigaciones quedaron al alcance de las mafias.
El Ministerio del Interior respondió con su guion habitual: investigación en curso, cooperación con organismos internacionales, promesas de captura de los responsables. La PNP, por su parte, aseguró que “se activó el plan de contingencia”, como si suspender servicios y emitir comunicados fuera suficiente para frenar a redes criminales que operan con más rapidez que el propio Estado. El problema de fondo no es técnico, es político: un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus agentes tampoco puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
La gravedad del asunto es mayúscula. Los datos de agentes encubiertos expuestos equivalen a firmarles una sentencia. En países donde la institucionalidad pesa, esto habría generado crisis de gobierno. En el Perú, sin embargo, el silencio oficial es la norma. Dina Boluarte se mantiene en la lógica de la supervivencia política, mientras los peruanos deben asumir que sus vidas y datos personales pueden estar en manos de bandas organizadas.
El hackeo a la DIRIN no es un hecho aislado. Es el eslabón más visible de una cadena de vulnerabilidades: atentados en Trujillo, extorsiones en todo el país, robos de información a empresas privadas, filtraciones en ministerios y universidades. El Estado reacciona siempre tarde, como si la delincuencia marcara la agenda y el gobierno solo respondiera con parches.
Que la inteligencia de la PNP haya sido hackeada es mucho más que un error informático. Es la confirmación de que el Perú no controla ni sus sistemas de defensa, ni sus calles, ni sus fronteras. Mientras la delincuencia organizada se consolida como el verdadero poder, el Estado peruano aparece como un actor secundario, atrapado en su propio desgobierno.
Reflexión final
Hoy fue la base de datos de la DIRIN. Mañana, ¿qué será? ¿El sistema de Migraciones, las planillas del Tesoro Público, los expedientes judiciales? Cuando la inteligencia es vulnerada con tanta facilidad, lo que queda expuesto no son solo archivos: es la fragilidad total del país. El hackeo no es un accidente digital, es una metáfora nacional: un Estado vacío, al que basta un clic para dejar en evidencia.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra