Hoy amaneció con una postal insólita: turistas nacionales y extranjeros cargando mochilas, cámaras y hasta bastones improvisados para subir a pie el empinado camino hacia Machu Picchu. No, no era parte de un nuevo “turismo vivencial” ni una recreación histórica del Camino Inca: simplemente los buses dejaron de operar y el Estado, como siempre, brilló por su ausencia. La joya turística del Perú, que debería ser un orgullo nacional y motor económico, quedó convertida en escenario del desgobierno de Dina Boluarte y la inacción de ministerios, autoridades regionales y locales.
La suspensión del transporte autorizado, tras amenazas y conflictos logísticos, obligó a los visitantes a enfrentar un ascenso de más de una hora por la montaña. No hablamos de un trekking opcional, sino de la única alternativa para llegar a la ciudadela inca. En un país que presume de ser destino mundial, la experiencia turística se transformó en una carrera de resistencia, con riesgos físicos y pérdidas económicas.
Mientras los turistas caminaban bajo el sol, los boletos de bus previamente pagados quedaban en el aire, y operadores turísticos, guías y comerciantes veían evaporarse ingresos vitales. El daño no es solo para quienes estuvieron ahí ese día: es para la reputación de un país que ofrece incertidumbre en lugar de seguridad.
La improvisación es evidente. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machupicchu, Maycol Ugarte, advirtió que existían 18 nuevos buses listos para operar, pero quedaron varados por trabas absurdas. ¿El motivo? Procedimientos engorrosos, demoras de PerúRail y la falta de coordinación estatal. El resultado es grotesco: buses nuevos detenidos en la hidroeléctrica mientras turistas cargaban a sus hijos en brazos cuesta arriba.
¿Dónde estaba el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Dónde estaba el Ministerio de Cultura, encargado de la ciudadela? ¿Dónde estaba el Gobierno Regional del Cusco? ¿Y los alcaldes de la zona? La respuesta es tan clara como indignante: estaban en otra parte. Porque cuando se trata de crisis, todos los niveles de gobierno compiten en ver quién se lava las manos con más elegancia.
Lo más irónico es que el problema no es nuevo. Machu Picchu arrastra desde hace años un modelo de gestión obsoleto, sin infraestructura moderna ni un plan serio de contingencia. La concesión de buses caducó, la transición no se organizó y, como siempre, la solución del Estado es mirar hacia otro lado hasta que el escándalo estalle.
El Perú tiene la suerte de contar con una maravilla mundial, pero la administra con la precariedad de una feria improvisada. Cada crisis en Machu Picchu refleja el mismo patrón: ausencia de planificación, autoridades cruzadas de brazos y turistas pagando la factura. El impacto no es solo local: es global. Cada visitante frustrado se convierte en un embajador del desastre, compartiendo en redes la imagen de un país incapaz de gestionar su mayor tesoro.
Reflexión final
El sarcasmo se escribe solo: en lugar de un plan estratégico de turismo, tenemos turistas haciendo cardio forzado en el sendero andino porque el Estado no puede garantizar buses. Machu Picchu, la joya del Perú, convertida en símbolo de la desidia. Y mientras tanto, el Gobierno celebra que “todo está bajo control”. Sí, bajo control del caos. Porque en el Perú, al parecer, la política pública también viaja… pero siempre a pie.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra