En el Perú, hasta los derrames de petróleo tienen más suerte que los ciudadanos. El de Ventanilla, ocurrido en 2022, no solo manchó el mar y arruinó la vida de miles de pescadores: también dejó en evidencia que la justicia puede convertirse en la mejor socia de las grandes empresas. Según reveló Diario Expreso, el fiscal Ariel Tapia Gómez —quien debía investigar a Repsol— terminó allanándole el camino legal. Fue retirado de su cargo y ahora será denunciado. Sí, el fiscal que debía acusar se convirtió en abogado defensor. Y mientras tanto, el petróleo sigue ahí, convertido en símbolo de un país que ya no sabe si vive de espaldas al mar o de rodillas ante las corporaciones.
Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Ambientales, confirmó la destitución de Tapia y su reemplazo por la fiscal Tamara Gonzales Baldeón, quien en apenas cuatro días anuló la “tregua” con Repsol y volvió a llamar las cosas por su nombre: contaminación dolosa. El problema no es solo un fiscal que se dobló, sino un sistema entero que parece diseñado para garantizar que las sanciones nunca lleguen a los poderosos.
La ironía es grotesca. Se removió al fiscal porque “ayudó demasiado” a la empresa investigada, pero ¿quién ayuda demasiado a los afectados? ¿Quién investiga a los que desde el Estado dejaron que Repsol siga operando como si nada hubiera pasado? Lo que se vendió como justicia ambiental terminó siendo un reality de favores cruzados: fiscales que negocian, procuradores que se hacen los distraídos y una empresa que sigue vendiendo combustible como si no tuviera una deuda pendiente con el país.
Los pescadores, esos que vieron morir su sustento bajo el petróleo, siguen esperando justicia y reparación. El mar sigue contaminado, la fauna arrasada, y las familias de Ventanilla sobreviven entre papeles, promesas y conferencias de prensa. Pero el Estado prefiere castigar a un fiscal caído en desgracia antes que construir un sistema que impida nuevas tragedias. Lo que se ha destituido no es solo a un funcionario: es la ilusión de que alguna vez el poder económico se sentará realmente en el banquillo de los acusados.
Lo de Tapia no es un caso aislado: es la radiografía de un Estado donde la justicia ambiental se mide en comunicados y el poder empresarial en toneladas de impunidad. La destitución del fiscal es presentada como una victoria, cuando en realidad es apenas el decorado de un teatro de complicidades. Al final, Repsol gana tiempo, el Gobierno gana silencio y los ciudadanos pierden país.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: el derrame de Ventanilla cubrió de petróleo nuestras costas, pero lo que realmente cubrió de negro fue la dignidad de la justicia peruana. El mar podrá limpiarse con años de esfuerzo, pero el derrame de impunidad es mucho más resistente. El mensaje está claro: aquí no importa cuántos peces murieron ni cuántas familias quedaron en la ruina. Lo importante es que Repsol siga bombeando ganancias y el Estado siga bombeando excusas. El petróleo flota en el mar, la impunidad flota en el sistema. Y en este océano, lo que más se hunde es la esperanza.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra