En cualquier país serio, un hackeo a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional significaría la caída inmediata de ministros, comisiones investigadoras en el Congreso y hasta un temblor presidencial. Pero en el Perú, lo impensable se vuelve costumbre: un hacker que se hace llamar InkaRoot filtra datos sensibles de la PNP, expone la fragilidad de nuestro aparato de seguridad y hasta menciona a Dina Boluarte como “objetivo”, y la respuesta oficial es tan tibia como un comunicado de manual. Mientras tanto, el país se acostumbra al desgobierno, como quien normaliza el humo de un incendio permanente.
La República recogió las declaraciones de InkaRoot, responsable de los llamados DirinLeaks, quien afirmó sin rodeos: “Tenemos en la mira a más objetivos corruptos, incluida Dina Boluarte”. No estamos ante un adolescente curioso con ganas de llamar la atención, sino ante alguien que desnuda la podredumbre de un sistema que hace agua por todas partes. La Dirección de Inteligencia de la PNP, supuestamente el cerebro de la seguridad nacional, quedó expuesta por un hacktivista que, con un canal de Telegram y algo de conocimiento técnico, ridiculizó a toda una institución.
El problema no es solo la filtración de más de 2 GB de documentos —que incluyen seguimientos a periodistas, registros de congresistas y datos de agentes encubiertos— sino la manera en que se revela el verdadero rostro de nuestro Estado: vulnerable, desorganizado y con un gobierno que, en lugar de asumir la magnitud del desastre, prefiere fingir que todo está bajo control. Si la inteligencia policial no puede protegerse de un grupo de hackers, ¿qué garantías tienen los ciudadanos de que sus datos, sus cuentas y hasta sus comunicaciones no están ya en manos de mafias internacionales?
Lo más grave es la indiferencia. Mientras el hacker habla de corrupción y de “poner la verdad frente al pueblo”, el Ejecutivo responde con frases de manual, el Congreso se limita a aplaudir o mirar para otro lado, y la presidenta sigue blindada, esperando que el calendario la lleve al 28 de julio de 2026. En cualquier democracia funcional, una mandataria mencionada en este tipo de filtraciones estaría bajo investigación inmediata. Aquí, en cambio, el sistema político se ha convertido en un refugio de impunidad: el Congreso protege al Ejecutivo, y el Ejecutivo protege a las élites económicas y políticas que sostienen este frágil equilibrio.
Mientras tanto, el Perú aparece ante el mundo como un Estado fallido en versión andina: incapaz de garantizar seguridad, preso de organizaciones criminales que gobiernan barrios y regiones, y con una presidenta cuya estrategia parece ser resistir hasta que su mandato se extinga por calendario, no por liderazgo.
El hackeo a la DIRIN no es un hecho aislado: es la metáfora perfecta de lo que ocurre con el país. Las paredes de nuestras instituciones son tan endebles que un hacker puede exponer sus miserias en cuestión de horas. El escándalo no tumbó a nadie, no generó reformas, no encendió alarmas. Solo confirmó lo que todos ya sabíamos: que la seguridad nacional es apenas un cascarón vacío, y que las autoridades prefieren maquillar la tragedia antes que enfrentarla.
Reflexión final
En otros países, un episodio así habría significado la caída de medio gabinete, un terremoto político y una respuesta firme del Estado. En el Perú, apenas se convirtió en un titular más, enterrado entre tantos otros. InkaRoot no solo hackeó servidores: hackeó la poca confianza que quedaba en nuestras instituciones. Y si el hacker apunta ahora a Dina Boluarte como uno de sus “objetivos”, la pregunta es inevitable: ¿seguiremos normalizando que nuestra presidenta figure en todas las listas de escándalos sin que pase absolutamente nada? Porque en este país, el verdadero piloto automático no es la computadora de la PNP, es el gobierno mismo.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra