En el Perú de Dina Boluarte, cada semana es un capítulo nuevo en la saga del desgobierno. Esta vez, el guion no lo escriben los pasillos de Palacio ni el Congreso, sino los hangares del Ejército, donde tres helicópteros rusos deberían estar listos para operaciones militares y humanitarias, pero llevan más de un año acumulando polvo. El contrato, firmado con la empresa panameña Milenium Veladi —con vínculos cercanos al entorno de Nicanor Boluarte—, se ha convertido en un monumento al desorden y la impunidad.
El 10 de noviembre de 2023, el Ejército peruano adjudicó más de 20 millones de dólares a Milenium Veladi Corp. El acuerdo contemplaba la reparación mayor de tres aeronaves Mi-171-ShP, Mi-171-Sh y Mi-MTV1, vitales para transporte de tropas, operaciones de combate y rescate en emergencias. La fecha de entrega estaba clara: 13 de agosto de 2024. Sin embargo, llegó agosto, llegó octubre, llegó diciembre, y nada. El plazo venció tres veces y la empresa no cumplió. Trece meses después, los helicópteros siguen en tierra.
El problema no es solo técnico. En Colombia, cuando una empresa incumplió con un contrato similar, el Ministerio de Defensa no dudó en denunciarla y abrir procesos legales. En el Perú, en cambio, lo que hubo fueron ampliaciones de plazo, silencio cómplice y ahora un proceso de conciliación que amenaza con convertirse en arbitraje para seguir postergando sanciones. Y todo esto mientras el 70% del monto ya fue desembolsado. Dicho en palabras simples: se pagó por adelantado y no se recibió nada.
El trasfondo político es aún más turbio. La República reveló que el representante de Milenium Veladi, Diego Alfaro Di Natale, es cercano a Jorge Garboza Amand, íntimo amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Una cadena de relaciones que explica por qué esta empresa gozó de trato preferencial: adjudicación sin licitación, exoneración de impuestos y el privilegio de no rendir cuentas por los retrasos. No parece un error administrativo: parece un guion escrito a medida.
La consecuencia es clara: el Ejército tiene menos capacidad operativa, la seguridad nacional queda debilitada y las emergencias encuentran al Estado sin herramientas. Pero mientras los helicópteros permanecen inoperativos, el ruido político se concentra en proteger a los responsables. Dina Boluarte guarda silencio, sus ministros decorativos también, y el país paga el precio en vulnerabilidad y en millones perdidos.
La corrupción no siempre necesita discursos ni sobres bajo la mesa; a veces se manifiesta en la inacción, en la pasividad cómplice y en el simple hecho de dejar que los plazos se venzan sin consecuencias. Lo de los helicópteros rusos no es un problema técnico: es un síntoma de un Estado capturado por intereses particulares y amiguismos.
Reflexión final
En cualquier democracia seria, un escándalo de este calibre habría bastado para abrir investigaciones inmediatas, sancionar a los responsables y exigir explicaciones presidenciales. En el Perú del 2025, en cambio, los helicópteros siguen varados, el dinero se evapora, y los Boluarte —Dina y Nicanor— aparecen nuevamente en el centro de un entramado de favores y sombras. Un país en piloto automático no solo se estrella en lo político: también cae en picada en lo militar, y sin helicópteros que lo rescaten.