En el Perú, las llamadas spam no solo son la molestia cotidiana que interrumpe almuerzos y reuniones: son la metáfora perfecta del desgobierno. La Ley 32323 prometió que desde el 9 de julio tendríamos un prefijo especial para identificar a los intrusos del celular. Pasaron más de dos meses y el Ejecutivo sigue en silencio. El resultado es el de siempre: el ciudadano desprotegido, las empresas felices, y un gobierno que legisla para la vitrina, pero jamás para la gente.
El caso es casi cómico si no fuera trágico. El Estado que presume de “combatir la delincuencia” no puede ni etiquetar llamadas publicitarias. El plazo venció, pero parece que en Palacio estaban ocupados con prioridades más urgentes: aviones de guerra para generales, viajes internacionales, discursos vacíos. La privacidad de millones de peruanos quedó en segundo plano.
Aspec lo ha dicho sin rodeos: las llamadas no han disminuido y la fiscalización es un adorno. Cada timbrazo no solicitado es un recordatorio de que la autoridad está ausente. El Ejecutivo no cumplió con su propio cronograma y, en la práctica, dejó la cancha libre para que los call centers sigan operando como mafias de la insistencia.
Y aquí está la ironía central: si el gobierno no puede ordenar algo tan básico como un prefijo telefónico, ¿cómo va a enfrentar al crimen organizado que cobra cupos, dispara en colegios y controla barrios enteros? El descontrol es sistémico. El spam no es solo publicitario, es político: un ruido constante que distrae, molesta y desgasta, pero que nunca se soluciona.
El incumplimiento de esta ley demuestra que el Ejecutivo funciona igual que una llamada spam: aparece de pronto, promete lo que no pediste y desaparece sin resolver nada. El consumidor queda indefenso, el Estado se lava las manos y la democracia se degrada en pequeños detalles que revelan una incapacidad estructural.
Reflexión final
La ironía es brutal: en el Perú los ciudadanos reciben llamadas de bancos, financieras y teleoperadoras a toda hora, pero jamás reciben una llamada del Estado para garantizar seguridad o justicia. El único teléfono que suena sin pausa es el de la corrupción y el desgobierno. Mientras tanto, el país sigue en línea de espera, escuchando el mismo mensaje grabado: “su seguridad se encuentra en proceso… espere, por favor”.