El octavo retiro de las AFP se ha convertido en una tragicomedia política. Una vez más, la Comisión de Economía del Congreso decidió “pasear” a los afiliados, dejando fuera de la agenda el debate de los proyectos de ley que buscan liberar hasta 4 UIT de los fondos previsionales. El presidente de la comisión, Víctor Flores, aseguró que antes de cualquier decisión escucharán la opinión de los “entes técnicos”: MEF, SBS, ONP, SUNAT y BCRP. Traducido: los mismos actores que siempre se oponen al retiro. Y mientras tanto, millones de peruanos siguen esperando que su propio dinero deje de ser tratado como si perteneciera a otros.
La estrategia es clara: dilatar, enredar, aplazar. Bajo el argumento de “proteger las pensiones futuras”, el Congreso y el Ejecutivo se dan la mano para blindar un sistema que beneficia a las AFP y perjudica al afiliado. La congresista Sigrid Bazán lo dijo con claridad: la reforma previsional gestada por Fuerza Popular es “una norma pro AFP”. Y no se necesita ser economista para comprobarlo: las reglas siempre garantizan las utilidades de las administradoras, pero nunca aseguran una pensión digna para quienes aportaron durante décadas.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, se ha convertido en el portavoz de ese discurso. Desde el gobierno de Dina Boluarte insiste en que un nuevo retiro afectaría la posibilidad de recibir una pensión mínima. Lo irónico es que la mayoría de afiliados, según cifras oficiales, apenas tiene fondos que alcanzan para un par de meses de sobrevivencia, mucho menos para sostener una jubilación. Pero la narrativa oficial busca presentar al ciudadano como irresponsable y al Estado como el gran protector, cuando en realidad es al revés: el Estado protege a las AFP y el afiliado paga la factura.
El “paseo” parlamentario no es nuevo. Darwin Espinoza y Elías Varas ya lo señalaron: este libreto se repite cada vez que los trabajadores piden acceso a sus propios fondos. Se convoca a expertos, se forman mesas de trabajo, se prometen dictámenes, pero nunca se llega a una decisión concreta. Mientras tanto, los afiliados ven cómo se posterga indefinidamente la posibilidad de disponer de su dinero en medio de una economía con inflación, desempleo y precariedad.
La indignación crece porque el doble rasero es evidente. El Congreso no tiembla al momento de aprobar gastos superfluos, aumentos de presupuesto para beneficios propios o rescates financieros a empresas públicas quebradas. Pero cuando se trata de permitir que los trabajadores usen sus aportes, todo se vuelve complicado, técnico, lleno de excusas. En este juego, los intereses de las AFP y del gobierno terminan coincidiendo: mantener cautivos los fondos de millones de ciudadanos.
El octavo retiro no es solo un debate financiero: es la radiografía de un sistema político desconectado de las necesidades de la gente. Dina Boluarte, su ministro de Economía y un Congreso complaciente han optado por blindar a las AFP en lugar de escuchar a los trabajadores. Lo hacen en nombre de una estabilidad que nunca llega y de una “responsabilidad fiscal” que se esfuma cuando se trata de gastos militares, viajes oficiales o salvatajes empresariales.
Reflexión final
Cada sesión postergada, cada “consulta técnica”, cada excusa disfrazada de análisis solo confirma que el sistema previsional peruano está diseñado para todos menos para los afiliados. El derecho a decidir sobre el propio dinero se ha convertido en un campo de batalla donde siempre gana la burocracia y siempre pierde el ciudadano. Y si alguien todavía duda de por qué la confianza en el Congreso y el Ejecutivo está por el suelo, basta con mirar cómo se pasea, una vez más, a millones de trabajadores con la ilusión de un retiro que nunca llega.