El Perú parece haberse acostumbrado a que sus gobernantes vivan en un planeta paralelo. La presidenta Dina Boluarte acaba de obtener permiso del Congreso para viajar a la Asamblea General de la ONU en Nueva York entre el 21 y el 25 de septiembre. La autorización fue concedida gracias al respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y otros aliados, como si el país pudiera funcionar en piloto automático mientras su máxima autoridad hace maletas rumbo al extranjero.
El argumento oficial es que “el Perú debe estar representado al más alto nivel”. El problema es que ese nivel no se mide en alfombras rojas, sino en la capacidad de gobernar. Y lo cierto es que, mientras Boluarte viaja, el país se hunde en cifras de criminalidad alarmantes: dos o tres asesinatos diarios por crimen organizado, secuestros cada vez más frecuentes, extorsiones a bodegueros, transportistas, empresarios y ahora hasta a colegios.
A la inseguridad se suma el colapso de los servicios básicos. La salud pública agoniza con citas médicas que se postergan medio año, la educación sobrevive con presupuestos mínimos y la agricultura continúa abandonada a su suerte frente al cambio climático. Pero la presidenta, imperturbable, asegura que seguirá “despachando” desde Nueva York gracias a la magia de Zoom y del correo electrónico. Una gobernanza virtual digna de una startup, no de un Estado al borde del colapso.
La ironía es brutal: en la ONU, Boluarte se sentará a hablar de derechos humanos, igualdad y desarrollo sostenible, mientras en su país las protestas siguen siendo reprimidas, la corrupción devora recursos públicos y las bandas criminales administran territorios enteros con mayor eficacia que la Policía. El contraste entre el discurso internacional y la realidad nacional es tan evidente que raya en lo grotesco.
El Congreso, con apenas 6% de aprobación, actúa como cómplice de este viaje. Los mismos legisladores que acaban de aprobar que se les permita hacer campaña durante la semana de representación —mezclando sin pudor sus deberes con su ambición electoral— ahora le abren la puerta a la presidenta para que se ausente, como si el país estuviera en calma. El blindaje es recíproco: ella viaja tranquila, ellos aseguran sus privilegios.
El Perú no necesita discursos en la ONU ni cenas diplomáticas de “alto nivel”. Necesita un gobierno que gobierne, un Congreso que legisle para el pueblo y no para su reelección, y un Estado que priorice la seguridad, la salud y la educación antes que los pasajes aéreos.
Cada viaje presidencial es un recordatorio de la desconexión absoluta entre las élites políticas y la ciudadanía. Mientras Boluarte sonríe en Nueva York, el Perú seguirá llorando a sus muertos por el crimen organizado, esperando medicinas en hospitales colapsados y buscando justicia en un sistema corroído.
Si la presidenta de verdad quisiera representar al Perú, no tendría que salir del país. Bastaría con caminar sin escoltas por Villa El Salvador, Juliaca o Chiclayo. Allí encontraría la Asamblea más urgente y la única que realmente importa: la del pueblo que exige respuestas, no selfies diplomáticas.