El Perú siempre encuentra nuevas maneras de ponerse en evidencia ante el mundo. Esta vez, no se trata de una crisis política, sino del colapso de uno de nuestros símbolos más preciados: Machu Picchu, la joya turística que sostiene buena parte de la economía nacional y el orgullo de ser una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte demuestra que no solo ha perdido el timón del país, sino también la brújula. El resultado: turistas varados, comunidades en pie de guerra, pérdidas millonarias y una imagen internacional por los suelos.
La raíz del problema parece casi un chiste, pero es tragedia. La concesión de la carretera Hiram Bingham venció, y en lugar de una licitación transparente y oportuna, el Estado permitió que el vacío se llene de improvisación. Consettur, empresa que monopolizó el transporte turístico por tres décadas, decidió seguir operando sin contrato, mientras otra compañía, San Antonio de Torontoy, fue colocada a dedo por la municipalidad de Urubamba. El resultado: protestas, bloqueos, enfrentamientos y turistas cargando maletas a pie en pleno siglo XXI.
El costo no es solo logístico. Según estimaciones oficiales, cada día sin operaciones equivale a 2 millones de soles en pérdidas. Y si la crisis continúa, se proyecta un saldo negativo de hasta 300 millones de soles al cierre de 2025, además del riesgo de que Machu Picchu pierda su estatus como maravilla mundial o Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué significa esto? Que el Perú no solo quedaría como un país incapaz de gestionar su principal atractivo turístico, sino que además vería evaporarse el sustento de miles de familias que dependen del flujo constante de visitantes.
La escena raya en lo absurdo. Turistas caminando kilómetros para alcanzar un tren humanitario; comunidades bloqueando vías para exigir el ingreso de buses autorizados; enfrentamientos que dejan heridos y un Ejecutivo que responde con… silencio. Ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el Ministerio de Cultura parecen tener una hoja de ruta. De hecho, lo único que se anuncia es una mesa técnica donde, en lugar de ministros, enviarán viceministros, como si Machu Picchu fuera un problema menor y no la vitrina del Perú ante el planeta.
El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, ya lo dijo claro: el gobierno está usando este conflicto como cortina de humo frente a los escándalos de ministros y los pedidos de censura. Pero la cortina se deshilacha rápido cuando el daño económico, social y reputacional es tan evidente. Y mientras Machu Picchu arde, el país se hunde en otros frentes: salud colapsada, educación sin rumbo, minería ilegal desbordada, narcotráfico avanzando como cáncer y una ciudadanía sometida por bandas organizadas. El Perú está en piloto automático, rumbo a estrellarse.
El conflicto en Machu Picchu es más que una disputa por buses. Es el reflejo del desgobierno de Dina Boluarte y de un Estado que no planifica, que improvisa, que se oculta tras parches temporales mientras los problemas estructurales se pudren. Hoy son los turistas caminando entre rieles; mañana puede ser la exclusión de la lista de maravillas del mundo. El costo sería incalculable y, lo peor, irreversible.
Reflexión final
Machu Picchu no solo está en problemas: es la metáfora de un país entero en crisis. Si no somos capaces de proteger nuestra mayor carta de presentación al mundo, ¿qué queda para hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros y barrios sin seguridad? Dina Boluarte pretende sobrevivir hasta el 2026, pero lo que realmente sobrevive es la improvisación. El Perú merece algo mejor que un gobierno que se limita a administrar desastres. Machu Picchu, como la salud, la educación y la seguridad, no puede esperar. Si la maravilla se cae, no será culpa de la montaña, sino del desgobierno que ha decidido darle la espalda a su propio legado.