El Perú amaneció con una noticia que, por décadas, parecía imposible: la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la Corte Suprema que Fuerza Popular sea declarado ilegal y quede fuera de las elecciones de 2026. No es un detalle menor: hablamos del partido que, con Keiko Fujimori a la cabeza, ha marcado y torcido la política peruana en los últimos 30 años. Hoy, la narrativa cambia y el fujimorismo se enfrenta, quizá por primera vez, a un juicio no solo en los tribunales, sino en la historia.
La acusación es contundente: vulneración sistemática de principios democráticos, hostigamiento a jueces y fiscales, expulsión de congresistas por disentir, reinterpretación de crímenes del conflicto armado y legitimación de la violencia política. En resumen: no es un error aislado, sino un patrón. Y lo irónico es que lo que siempre se gritó en las calles, hoy lo formaliza la Fiscalía en un documento con sello oficial.
La medida es, por supuesto, explosiva. Keiko Fujimori ya salió a victimizarse, como en cada capítulo de su interminable serie política, denunciando un “atentado contra la democracia”. El guion es conocido: primero la negación, luego el ataque al mensajero y, finalmente, la búsqueda de refugio en un electorado fatigado. Pero esta vez, la denuncia no viene de un opositor ni de un periodista, sino de la Fiscalía misma, con argumentos que colocan al partido frente al espejo de su propio historial.
La ironía mayor: mientras la Fiscalía describe cómo Fuerza Popular legitimó la violencia política —con discursos de fraude en 2021 y vínculos con colectivos radicales como La Resistencia—, el Congreso, dominado por los mismos aliados, reacciona con la misma estrategia de siempre: blindar, desacreditar, distraer. Patricia Juárez y Fernando Rospigliosi salen a escena como actores secundarios, repitiendo la misma melodía del “exceso fiscal” y “cortina de humo”, como si el país no llevara décadas atrapado en la cortina naranja.
Lo que está en juego no es solo la inscripción de un partido, sino la posibilidad de marcar un precedente: que la democracia no puede ser utilizada como disfraz mientras se la corroe desde adentro. Que las elecciones de 2026 no sean una repetición eterna de la misma saga donde las urnas se convierten en un plebiscito sobre el apellido Fujimori.
¿Será este el final del fujimorismo? Nadie puede asegurarlo. Lo cierto es que la justicia ha lanzado un golpe que, al menos, quiebra la narrativa de impunidad con la que Fuerza Popular ha navegado por décadas. Que este proceso prospere o no dependerá de la independencia de las instituciones y de la presión ciudadana que, una y otra vez, ha demostrado que la memoria no se borra tan fácil.
Reflexión final
El Perú no merece elegir entre más de lo mismo y lo peor de lo mismo. Si la Fiscalía confirma que Fuerza Popular actuó como un partido antidemocrático, el mensaje será claro: no se puede invocar la democracia para dinamitarla desde adentro. El fin de la era naranja puede estar cerca, y no porque la oposición lo haya conseguido, sino porque la justicia —tarde, pero al fin— decidió ponerse de pie. El país tiene una oportunidad de cerrar un ciclo. Falta ver si, como siempre, la política encontrará la manera de abrirlo otra vez.