El Perú arde por dentro. La inseguridad campea, la corrupción se normaliza y la inacción se disfraza de gobierno. Sin embargo, los días 20 y 21 de septiembre prometen marcar un hito: colectivos ciudadanos y, sobre todo, jóvenes de la llamada Generación Z saldrán a las calles en protesta contra un Ejecutivo sin rumbo y un Congreso dedicado a blindarse. La pregunta inevitable es si estas movilizaciones pueden convertirse en un punto de inflexión, como ocurrió en Nepal, donde la juventud derribó a un primer ministro a fuerza de indignación.
El contexto peruano no puede ser más desolador. Un país tomado por el crimen organizado, con muertes diarias, extorsiones y mafias que gobiernan territorios enteros mientras la minería ilegal y el narcotráfico avanzan sin resistencia. Frente a ello, la presidenta Dina Boluarte parece más preocupada por sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026 que por enfrentar la emergencia nacional.
La reforma del sistema de pensiones (Ley N.º 32123) ha sido la chispa reciente: una norma que, según los ciudadanos, favorece a las AFP en lugar de asegurar un futuro digno para los trabajadores. Pero lo que empuja a la calle a los jóvenes va mucho más allá: corrupción, represión, ausencia de oportunidades y un Estado que se percibe como cómplice de la descomposición social.
El paralelo con Nepal resulta inevitable. Allí, el intento de prohibir redes sociales desató una revuelta masiva de la Generación Z, harta de privilegios, nepotismo y un gobierno que vivía en una burbuja. En cuestión de semanas, el primer ministro se vio obligado a renunciar. En el Perú, las condiciones son diferentes, pero el hartazgo es el mismo: una ciudadanía joven que siente que la democracia se reduce a blindajes mutuos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El sarcasmo de la historia peruana es evidente: Boluarte asegura que “el peruano ya aprendió” y que no hay motivos para salir a marchar. Pero las cifras y la realidad la contradicen. ¿Cómo hablar de aprendizaje cuando el país se desangra bajo el yugo de mafias, cuando el Congreso se autoriza a sí mismo para hacer campaña con recursos públicos, y cuando la corrupción se convierte en regla de juego?
La protesta, minimizada desde el poder, puede tener el efecto contrario. Cada palabra autoritaria es gasolina para la indignación. Y en un país donde más del 60% declara que la política le importa “poco” o “nada”, el despertar de una juventud conectada, informada y con redes sociales como arma puede sacudir el letargo nacional.
La incógnita no está en la capacidad de salir a marchar, sino en lo que viene después. ¿Podrá la indignación convertirse en organización? ¿La protesta en proyecto? ¿La rabia en agenda de transformación? Nepal mostró que la irreverencia digital puede derribar gobiernos. El Perú aún duda si quiere derribar muros o resignarse a seguir en la apatía.
Las marchas del 20 y 21 de septiembre son más que un calendario de protesta: son un termómetro de la paciencia nacional. Si la Generación Z y la ciudadanía logran convertir el hartazgo en acción sostenida, podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa política.
Pero si la protesta se diluye entre represión y apatía, el país seguirá en piloto automático hasta el 2026, gobernado por un Ejecutivo que apenas sobrevive y un Congreso que legisla para sí mismo.
El Perú está en una encrucijada: imitar el ejemplo de Nepal, donde la juventud rompió con el cinismo del poder, o continuar atrapado en la costumbre de la indignación efímera. Lo cierto es que la paciencia se agota, y el país ya no puede seguir pagando con sangre, miedo y silencio los lujos de una clase política desconectada de la realidad.