En el Perú, más de 10 millones de trabajadores entregan religiosamente el 10% de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lo hacen con la esperanza de una vejez digna, pero sin saber que el contrato que firmaron es más leonino que las cláusulas de una tarjeta de crédito. La herencia del régimen de Alberto Fujimori en 1992 se mantiene intacta: un sistema obligatorio, cargado de comisiones y adornado con la promesa de un retiro que, en la práctica, se parece más a una ruleta financiera que a un seguro de vida.
Un experto en finanzas lo dijo claro: todas las AFP tienen riesgo. No existe fondo libre de pérdidas, porque el modelo está diseñado para que el trabajador corra con la incertidumbre mientras la administradora siempre cobra su comisión. Así, los aportes se invierten en la bolsa, en bonos, en empresas locales y extranjeras, incluso en el propio Estado. Si la inversión va bien, el afiliado sonríe tímidamente. Si va mal, pierde el sueño… pero la AFP nunca pierde.
El absurdo se completa con la diversidad de fondos (0, 1, 2 y 3) que no son más que grados de exposición al mismo juego de azar: a mayor riesgo, mayor promesa de ganancia… o de quiebra. Paradójicamente, el dinero que los trabajadores no pueden tocar ni en emergencias es usado libremente por las AFP para mover millones en el mercado financiero. Es la fórmula perfecta: el ciudadano no tiene derecho a decidir sobre su propio dinero, pero sí tiene la obligación de sostener un sistema privado que lo ve como cliente cautivo.
El problema no es solo financiero, es ético. En nombre de la “capitalización individual”, se ha instaurado un modelo donde el trabajador entrega su futuro y recibe a cambio incertidumbre. El contrato no es entre iguales: uno pone el esfuerzo de toda su vida, el otro pone la comisión. Y si la historia reciente nos ha enseñado algo es que las crisis económicas, nacionales o globales, terminan siempre reduciendo la rentabilidad de los afiliados, nunca la de las administradoras.
El desenlace al jubilarse es otra ironía: después de 40 años de aportes, el trabajador puede elegir entre una renta vitalicia de S/500 por cada S/100.000 ahorrados, una renta programada que depende de la suerte de las inversiones, o retirar el 95.5% y asumir solo el riesgo de quedarse sin nada. En cualquier caso, el mensaje es el mismo: la vejez es una apuesta y las AFP son la casa que siempre gana.
La pregunta “¿qué hacen las AFP con mi dinero?” debería tener una respuesta transparente y contundente. En cambio, lo que tenemos es un sistema que opera como casino con licencia, disfrazado de seguridad social. Un sistema que convierte a los aportantes en inversionistas involuntarios, obligados a correr riesgos que nunca aceptaron.
Reflexión final
El país sigue atrapado en un modelo previsional heredado de una dictadura que decidió hipotecar el futuro de los trabajadores en nombre de la modernidad. Hoy, la gran estafa se mantiene, con nuevos discursos y los mismos resultados: el ciudadano paga, la AFP cobra, y el derecho a una jubilación digna se reduce a un acto de fe. Si la democracia consiste en elegir, ¿por qué en la jubilación seguimos sin tener opción?