El Perú vuelve a ser testigo de su propia tragedia anunciada: más de 30 niños indígenas muertos en Loreto por tos ferina. Una cifra que debería estremecer a cualquier gobernante, pero que en Palacio de Gobierno parece no alterar la agenda de viajes, cenas diplomáticas y anuncios de compras militares. La presidenta Dina Boluarte y su ministro de Salud, César Vásquez, han demostrado que para ellos la indignación pública dura menos que un comunicado oficial.
El país registra 2.395 casos de tos ferina, 1.818 solo en Loreto. Los muertos oficiales son 30, aunque líderes indígenas hablan de un subregistro evidente. Exministros de Salud de distintas tendencias exigen declarar en emergencia sanitaria la región. Pero el Ejecutivo guarda silencio. ¿Por qué? Porque hacerlo sería aceptar su fracaso, reconocer que la salud pública no existe más allá del jirón Junín.
La incapacidad es tal que se necesita recordar lo obvio: cuando mueren niños por una enfermedad prevenible, no se trata de estadísticas, sino de vidas que se pudieron salvar con vacunas, brigadas médicas y voluntad política. Pero para este Gobierno, los niños amazónicos son “daños colaterales” de una gestión obsesionada con resistir hasta el 28 de julio de 2026.
Mientras Loreto llora a sus niños, Dina Boluarte gasta tiempo y dinero en viajes internacionales, compra de aviones de guerra y autos de lujo para generales. La escena raya en lo grotesco: el país enterrando menores y la presidenta preocupada en figurar en Naciones Unidas. Gobernar por Zoom parece más atractivo que mirar a la cara a las madres que han perdido a sus hijos en comunidades abandonadas.
La mordacidad de los hechos supera cualquier ironía: cuando la tos ferina avanza, el Ministerio de Salud decide no declararla epidemia porque sería reconocer su incapacidad. Es decir, el Estado prefiere maquillar cifras antes que salvar vidas. Y la presidenta, con la frialdad de quien vive en una burbuja, ni siquiera se inmuta.
El mensaje es claro: en este Perú oficial, un avión de combate vale más que un niño awajún, y una conferencia en Nueva York pesa más que la vida de un recién nacido en el Marañón.
La muerte de más de 30 niños no es un accidente, es el resultado de un Estado ausente y un Gobierno indiferente. Dina Boluarte pasará a la historia no solo como la presidenta que reprimió marchas, sino también como la mandataria que permitió que la Amazonía se convirtiera en un cementerio infantil mientras ella buscaba reconocimiento en foros internacionales.
En cualquier otro país, una tragedia así provocaría renuncias inmediatas. En el Perú, provoca apenas un silencio cómplice. Y así, los pequeños ataúdes en Loreto se multiplican mientras en Palacio se sigue aplaudiendo el espejismo de la “estabilidad”. Una estabilidad que se sostiene sobre la indiferencia, la omisión y, peor aún, sobre las vidas de los más inocentes.