En el Perú, los golpes de Estado ya no requieren tanques ni bayonetas. Hoy se ejecutan en oficinas alfombradas, con resoluciones disciplinarias redactadas en lenguaje jurídico impecable y con consejeros que proclaman defender la Constitución mientras la manipulan a conveniencia. La suspensión de seis meses impuesta a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no es una decisión aislada ni un tecnicismo administrativo: es la consumación de un pacto político que busca copar todas las instituciones, someter al Ministerio Público y garantizar impunidad a quienes hoy se aferran al poder.
Delia Espinoza fue suspendida por negarse a entregar la Fiscalía de la Nación a Patricia Benavides, una medida sin sustento válido dentro de un Estado de derecho. En cualquier democracia, esa resistencia sería interpretada como defensa de la legalidad y de la autonomía institucional. En el Perú, en cambio, se le llama “desacato” y se sanciona como falta grave. Así, se confirma la paradoja nacional: cumplir con la ley es castigado, mientras que rendirse ante el poder es premiado.
La resolución de la JNJ pretende convencernos de que esta medida “no afecta la autonomía del Ministerio Público”. Un enunciado tan cínico como afirmar que un incendio no afecta la estructura de un edificio porque todavía quedan algunas paredes en pie. Suspender a la fiscal de la Nación en pleno ejercicio de sus funciones equivale a mutilar la independencia del Ministerio Público, y hacerlo bajo el disfraz de un “acto disciplinario” no lo vuelve menos abusivo, solo más descarado.
Lo que está en juego no es la conducta de una magistrada, sino la captura total del Estado. El Gobierno y el Congreso han encontrado en la JNJ una aliada útil para materializar un objetivo que trasciende coyunturas: neutralizar toda institución que pueda investigarlos, fiscalizarlos o incomodarlos.
Primero fue el control del Tribunal Constitucional, después la Defensoría del Pueblo, luego el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy le toca al Ministerio Público. La estrategia es simple: convertir los organismos autónomos en extensiones del poder político, vaciar de contenido la democracia y reducirla a un cascarón útil para legitimar abusos.
La suspensión de Espinoza, además, envía un mensaje inequívoco: en el Perú, la justicia no se mide en tribunales ni en procesos, sino en obediencias. El que incomoda es removido; el que resiste es castigado; el que calla o aplaude, asciende. La política se ha convertido en un pacto de supervivencia donde lo que importa no es gobernar ni legislar, sino blindarse de investigaciones, perpetuarse en cargos y proteger intereses vinculados —cada vez más descaradamente— al crimen organizado.
El caso de Delia Espinoza trasciende la coyuntura y expone la fragilidad del sistema democrático peruano. No estamos ante un proceso disciplinario más, sino ante un golpe institucional que confirma la existencia de un Estado capturado. El discurso de “respeto a la Constitución” de la JNJ es apenas un barniz que encubre el verdadero propósito: asegurar la sumisión del Ministerio Público al poder político.
La vergüenza no es solo nacional; es internacional. El Perú se exhibe otra vez como un país donde la separación de poderes es ficción y donde la justicia se acomoda a los intereses de turno. Cada resolución de este tipo profundiza la desconfianza ciudadana y deja claro que las instituciones, lejos de ser guardianes de la democracia, se han convertido en sus verdugos.
Hoy no se ha suspendido únicamente a una fiscal. Se ha suspendido la esperanza de que la justicia pueda actuar con independencia. Se ha firmado un nuevo capítulo en la larga lista de capitulaciones institucionales. Y se ha confirmado lo que ya muchos intuían: que la democracia peruana no muere con golpes violentos, sino con resoluciones administrativas cuidadosamente maquilladas.
Reflexión final
La suspensión de Delia Espinoza no es un acto de disciplina, es un acto de sometimiento. No es la corrección de una conducta, es la mutilación de la autonomía. Y no es el fin de una carrera, es la sentencia contra la institucionalidad democrática. El país asiste a un funeral más, donde la justicia es la difunta y la JNJ firma como testigo.
Porque, seamos claros: lo que el pacto político ha consumado no es una sanción, es un epitafio. Y sobre la lápida de la democracia peruana ya se lee con nitidez: “Aquí yace la justicia, asesinada por quienes juraron defenderla”.