Las promesas suelen envejecer mal, sobre todo cuando están diseñadas para engañar. El sistema de AFP nació en Chile bajo Pinochet y fue importado al Perú por Fujimori con el mismo entusiasmo con que se importan electrodomésticos: sin manual y sin garantía. Nos dijeron que era la fórmula para asegurar una vejez digna, un modelo moderno que reemplazaría al “ineficiente” sistema de reparto. Cuatro décadas después, la realidad es irrefutable: la vejez se transformó en precariedad, el derecho en mercancía y el ahorro en materia prima para engordar los bolsillos de un puñado de corporaciones financieras.
El espejismo se sostuvo con cifras y retórica. Se repitió hasta el cansancio que las AFP serían la palanca del desarrollo previsional. Pero mientras el PBI se multiplicaba y los mercados celebraban, tres de cada cuatro jubilados en Chile reciben hoy menos que el salario mínimo, y en el Perú la foto es la misma: pensiones exiguas, aportes evaporados en “rentabilidades negativas” y adultos mayores convertidos en trabajadores perpetuos.
El supuesto “sistema de capitalización individual” fue en realidad una transferencia masiva de recursos: los trabajadores entregaron su esfuerzo, las AFP lo transformaron en inversiones millonarias y la promesa de una jubilación digna se redujo a la letra pequeña del contrato. El problema no es solo de gestión financiera: es de diseño político. Las AFP fueron concebidas para ser negocio, no para ser seguridad social.
Las lagunas previsionales son la norma. Trabajadores informales o independientes obligados a aportar sin estabilidad, aportes esporádicos que nunca se convierten en pensión suficiente, mujeres castigadas con jubilaciones más bajas por la desigualdad en el mercado laboral. Y todo ello, aderezado con comisiones que las administradoras cobran incluso cuando los fondos pierden valor.
Lo ocurrido no es un error, es un guion. El sistema AFP fue una pieza clave de las reformas neoliberales de los ochenta y noventa: privatizar lo público, mercantilizar lo social, convertir derechos en servicios y ciudadanos en clientes. No se buscaba mejorar la jubilación de la población, sino garantizar la liquidez de los grandes grupos financieros.
El caso chileno es aleccionador: más de 40 años después, con múltiples intentos de reformas y hasta con un plebiscito constitucional en el medio, el sistema sigue siendo insostenible. El presidente Boric prometió transformarlo, pero lo que se discute hoy son apenas parches: más cotización, algo de aporte patronal, un respirador artificial llamado “pensión garantizada universal”. En otras palabras, un maquillaje para un modelo que ya murió de causas naturales.
El Perú, como siempre, va detrás de los experimentos ajenos. Se replicó el modelo chileno con la misma fe con que se adopta una moda importada, olvidando que lo que allá se hundía aquí también se hundiría. La diferencia es que mientras Chile intenta rediseñar su sistema, el Perú lo sigue defendiendo como si fuera un dogma de fe. Peor aún: congresistas se enfrascan en debates absurdos sobre retiros parciales, mientras evaden la discusión de fondo: ¿queremos un sistema de pensiones para los trabajadores o un sistema de inversiones para las AFP?
El sistema AFP no fracasó: cumplió exactamente lo que prometió a quienes lo diseñaron. Generar utilidades estables, abrir nuevos mercados de inversión, consolidar el poder económico de unos pocos. Los que fracasaron fueron los Estados que lo legitimaron, los políticos que lo blindaron y las sociedades que lo toleraron. En el Perú, seguimos discutiendo si debemos permitir retiros de fondos —es decir, si los trabajadores pueden usar su propio dinero—, cuando la verdadera discusión es por qué aceptamos que el derecho a jubilarse con dignidad sea gestionado como un fondo especulativo.
Reflexión final
Lo más grave no es que las AFP sean un mal sistema, sino que hayan logrado instalarse como la única alternativa posible. El Estado abandonó su rol de garante de derechos y se convirtió en socio silencioso de un negocio que lucra con la inseguridad de millones. La jubilación, en lugar de ser un derecho universal, es hoy un casino donde los trabajadores apuestan toda su vida laboral y casi siempre pierden.
Mientras Chile debate reformas tibias y el Perú sigue atrapado en el espejismo de la capitalización individual, lo cierto es que ambos países comparten la misma condena: haber convertido la vejez en negocio y la seguridad social en mercancía. Y esa es la derrota más cruel: aceptar que el futuro de millones se calcule en tablas de Excel y no en principios de justicia social.