Mientras Dina Boluarte y su ministro de Salud, César Vásquez, insisten en que el país avanza, los pacientes del Hospital Almenara de EsSalud descubren que la única forma de medir el tiempo en emergencias es en días de espera. La Contraloría, que parece haber despertado de un letargo de años, confirmó lo que los asegurados ya saben: hasta 96 horas para ser atendidos. La salud pública se cae a pedazos y el gobierno, en lugar de diseñar un plan estratégico, invierte en aviones de guerra, autos de lujo para generales, viajes al exterior y el agujero negro llamado Petroperú. El Perú, otra vez, en piloto automático.
El informe de la Contraloría no tiene pierde: 500 pacientes diarios buscan atención en la emergencia del Almenara, un hospital que ya no resiste la sobrecarga. Camillas improvisadas, pacientes hacinados, tomógrafos y rayos X sin mantenimiento. Afuera, la miseria se transforma en negocio: alquilar una silla de ruedas cuesta S/8 por hora, como si el dolor pudiera medirse en soles.
El drama no es nuevo. La huelga de EsSalud, que paralizó 144 hospitales durante dos semanas en septiembre, mostró la fragilidad de un sistema al borde del colapso. Miles de asegurados quedaron a la deriva mientras el Ejecutivo se limitaba a declarar la medida “improcedente”. ¿El resultado? Protestas, retrasos y la constatación de que el derecho a la salud en el Perú es apenas un eslogan.
Boluarte promete modernización de hospitales, pero la realidad es una fila interminable de pacientes esperando en camillas oxidadas. Se anuncian inversiones, pero los médicos siguen sin equipos básicos. Se habla de gestión eficiente, pero el dinero se va en salvar a Petroperú —esa garrapata presupuestal— o en viajes internacionales para mejorar la “imagen del país”. Mientras tanto, la verdadera imagen es la de ancianos y niños que esperan tres días para ser atendidos de emergencia.
El colapso del Almenara no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema de salud abandonado por la indiferencia estatal. La emergencia se mide en horas, los pacientes en estadísticas y la vida en trámites. La Contraloría señala fallas, pero no hay voluntad política para corregirlas. En un país con 9,4 millones de pobres y una presidenta con apenas 2,5 % de aprobación (CPI, septiembre 2025), los discursos sobre prioridad social se derrumban en la sala de espera de un hospital saturado.
Reflexión final
El Perú no necesita discursos en Naciones Unidas ni fotos oficiales en Nueva York; necesita médicos, camas y medicamentos. Mientras la presidenta siga viajando y su ministro siga improvisando, la salud pública continuará en estado terminal. El Almenara es solo la punta del iceberg: un país entero espera una cama, un tratamiento y un gobierno que, al menos una vez, entienda que la verdadera emergencia está en casa.