El Perú oficial vuelve a mostrarnos su especialidad: gobernar a golpe de injusticia y a favor de intereses ajenos. Esta vez, el turno fue de Morococha, un pueblo en las alturas de Junín, borrado del mapa por la minera Chinalco bajo la mirada complaciente de autoridades que, al parecer, han olvidado que representan a ciudadanos y no a consorcios extranjeros. Lo que ocurrió no es un accidente, sino una radiografía del Estado peruano: un país donde tener título de propiedad no significa nada, donde el Poder Judicial se acomoda según la billetera, y donde la Defensoría del Pueblo parece más bien la defensora de los silencios.
La historia es grotesca. Familias con casas, corrales, ganado y negocios fueron desalojadas a la fuerza por 250 policías —policías pagados por todos los peruanos, pero que actuaron como guardia privada de una minera china—. Se rompieron cerraduras con maquinaria, se decomisaron pertenencias, se confiscaron animales y se cargaron bienes en camiones con placas tapadas. Sí, en pleno 2025, en un país que presume de Estado de derecho, circularon vehículos sin identificación frente a policías que miraban hacia otro lado. ¿La orden judicial? Decía que los bienes debían dejarse en la vía pública, pero Chinalco decidió jugar a ser dueño y señor de vidas y patrimonios.
Lo irónico es que nadie se oponía a un reasentamiento. Los pobladores pedían algo mínimo: dignidad y seguridad. Pero el traslado a Carhuacoto fue la burla perfecta: un “pueblo fantasma” construido sobre suelos contaminados con arsénico y plomo, al borde de un bofedal pantanoso y cercano a una falla geológica. El Colegio de Arquitectos de Junín ya había alertado de los riesgos, pero, claro, la minería no se detiene por “detalles” como el envenenamiento de niños o la amenaza sísmica. Total, el cobre brilla más que la vida.
La foto más cruel la describen los propios afectados: exámenes médicos a menores que revelan altos niveles de plomo en los pulmones. ¿Y la información? Nunca fue entregada de manera oportuna. Porque en este país los derechos básicos se negocian en ventanillas, mientras la demolición avanza con retroexcavadora.
El caso de Morococha es más que un conflicto minero: es la muestra de cómo el Estado peruano se ha convertido en socio de la injusticia. El Poder Judicial firma resoluciones que la minera se salta a su antojo; el Congreso, ocupado en blindajes políticos, guarda silencio; la Fiscalía, muda; la Defensoría, ausente. Y en medio, familias arrancadas de sus hogares bajo la consigna de que el “desarrollo” justifica cualquier atropello.
Reflexión final
La minería, sí, puede ser motor del país. Pero la minería sin justicia, sin respeto y sin humanidad es solo saqueo. Morococha no es un pueblo fantasma: es la prueba viviente de un Estado que expulsa a sus propios ciudadanos para abrirle la puerta a intereses foráneos. Si Boluarte y sus ministros creen que sobrevivir hasta 2026 es suficiente, que recuerden que los pueblos no olvidan. Y que la verdadera riqueza no se mide en toneladas de cobre, sino en el respeto a la vida y la dignidad de quienes habitan estas tierras.