La Contraloría, después de años de hibernación, ha decidido abrir los ojos y lo que encontró en el Hospital Almenara no es sorpresa: caos, abandono y pacientes “amontonados, tirados”, como en un país sin sistema de salud. El informe es demoledor, pero más que un hallazgo es un espejo: el colapso de la salud pública es responsabilidad directa de un Estado que hace rato soltó el timón. Y mientras los pasillos del hospital se convierten en salas de espera eternas, el país sigue en piloto automático rumbo a estrellarse, con una presidenta que solo calcula cuánto le falta para sobrevivir en Palacio hasta el 28 de julio de 2026.
Pacientes que esperan hasta cuatro días para ser atendidos en emergencias, tomógrafos que no funcionan, farmacias desabastecidas y la humillación de alquilar una silla de ruedas en la puerta del hospital: esta es la radiografía de un sistema de salud que hace agua por todos lados. La Contraloría constató lo que los peruanos saben hace décadas: EsSalud se ha convertido en un laberinto de colas, excusas y negligencia, donde el dolor se mide en horas y la esperanza en soles.
El drama no se reduce a un informe técnico: es un síntoma del desmantelamiento progresivo de la salud pública. La infraestructura colapsa, los medicamentos escasean y los equipos médicos se oxidan por falta de mantenimiento, mientras el Ejecutivo se pierde en discursos y promesas huecas. La situación es tan grotesca que algunos pacientes deben pagar hasta ocho soles por hora para usar una silla de ruedas: negocio paralelo en la antesala de la enfermedad, donde la necesidad se convierte en mercancía.
La indignación crece cuando se escuchan testimonios como el de Karol Carrión, madre de un niño de 13 años que viajó desde Piura para intentar salvar a su hijo. Su relato no es excepción, es regla: familias que recorren el país para encontrar un hospital saturado, médicos que hacen lo imposible con lo poco que tienen, y un Estado que responde con silencio o, en el mejor de los casos, con culpas ajenas y pretextos sindicales.
La crisis de Almenara no es un hecho aislado, es parte de una cadena que atraviesa todo el sistema sanitario nacional. Y mientras tanto, el Ejecutivo insiste en mirar hacia otro lado: en comprar aviones, blindar intereses políticos y repetir que la gobernabilidad está asegurada. La salud, como la seguridad o la educación, es un costo político que se deja para el siguiente gobierno.
El informe de la Contraloría no hace más que confirmar lo evidente: el Perú se sostiene sobre un sistema sanitario en ruinas, que cada día se convierte en un campo de batalla entre la vida y la indiferencia. El colapso del Hospital Almenara es el colapso del modelo de gestión que privilegia la improvisación y la supervivencia política por encima de la dignidad ciudadana.
Reflexión final
Los pasillos del Almenara son hoy la metáfora más brutal de un país que espera, enfermo, en una camilla sin futuro. La Contraloría podrá emitir todos los informes que quiera, pero mientras la indiferencia siga siendo la política de Estado, la salud en el Perú continuará en estado terminal. La pregunta es cuánto más resistirá la ciudadanía antes de dejar de esperar.