El Gobierno celebra como triunfo las incautaciones millonarias contra la minería ilegal en la Amazonía, mientras la realidad desnuda la otra cara: los bosques arrasados, los ríos envenenados con mercurio y las comunidades indígenas condenadas a enfermar en silencio. Dina Boluarte habla de compromisos y estrategias, pero lo que se percibe es un país en piloto automático donde las mafias avanzan más rápido que el Estado. El resultado es claro: el Perú se acerca peligrosamente a convertirse en un narcoestado amazónico.
Los números parecen impresionantes: más de S/2.600 millones en bienes incautados este año y 737 operativos de interdicción en lo que va del 2025. Sin embargo, en Madre de Dios, Amazonas, Ucayali o Loreto, la historia es otra. La minería ilegal se multiplica como un virus, arrasando con bosques, contaminando ríos con más de 3.000 toneladas de mercurio en dos décadas, y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de peruanos. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que estos resultados son prueba de “determinación”.
Determinación sería evitar que los ríos amazónicos se conviertan en cloacas tóxicas. Determinación sería impedir que el 79% de los niños de comunidades ribereñas tengan en la sangre niveles de mercurio hasta seis veces por encima de lo recomendado por la OMS. Determinación sería enfrentar a las mafias que se han enquistado en los territorios, con armas largas, sicariato y extorsión, imponiendo su ley en zonas donde el Estado solo aparece para la foto de los decomisos.
Pero, ¿qué hace el Ejecutivo? Prioriza comprar aviones de guerra, autos de lujo para generales y viajes diplomáticos que poco o nada sirven para detener la expansión de las economías criminales en el país. La minería ilegal y el narcotráfico ya no son fenómenos aislados: son las dos columnas que sostienen un sistema paralelo que amenaza con devorar la institucionalidad peruana.
La ironía alcanza niveles grotescos cuando se compara lo perdido con lo incautado. Los S/2.600 millones decomisados suenan contundentes, pero el daño ambiental, sanitario y social es irreversible y mucho mayor. Cada hectárea de bosque arrasada, cada río contaminado, cada niño intoxicado es un recordatorio de que el Estado llega tarde y con soluciones a medias.
La Amazonía no necesita discursos en foros internacionales ni promesas de sostenibilidad. Necesita un plan de choque real, sostenido y transparente. Lo que hoy tenemos es un gobierno incapaz de frenar a las mafias que se reparten el territorio mientras se hace gala de estadísticas que apenas maquillan la catástrofe.
Reflexión final
La verdadera pregunta no es cuánto se incautó este año, sino cuánto más estamos dispuestos a perder como país. La Amazonía es el corazón verde del Perú y del planeta, pero bajo la mirada pasiva del gobierno, se desangra lentamente. Si no se toman decisiones firmes, el futuro del país no será verde ni sostenible: será negro, contaminado y gobernado por el crimen organizado.