En el Perú ya no sorprende que la ilegalidad se normalice y que el Estado mire hacia otro lado mientras se desangran sus recursos. Hoy la noticia es que dos empresas chinas controlan el mercado de algas en Ica sin siquiera contar con licencia industrial. Sí, sin papeles, sin autorización y con sanciones previas a cuestas. ¿Y qué pasa? Nada. El Produce y la Direpro se lanzan culpas como si jugaran vóley mientras la costa peruana se convierte en terreno de nadie. Y el ciudadano, una vez más, se entera tarde, cuando el mar ya está arrasado.
Las algas, silenciosas arquitectas del ecosistema marino, han pasado de ser refugio de peces e invertebrados a botín de guerra. Su valor ya no se mide en equilibrio ecológico, sino en toneladas exportadas y dólares en la aduana. El 95% del cargamento termina en China, pero en Ica son los pescadores quienes pagan el precio: amenazas, disputas territoriales y playas tomadas por mafias que se comportan igual que en la minería ilegal.
La investigación de Mongabay Latam revela lo evidente: detrás del negocio millonario hay un Estado incapaz de fiscalizar y empresas que operan al margen de la ley. Globe Seaweed International y Algas Sudamérica concentran más del 70% de las exportaciones desde Ica, pero ninguna cuenta con licencia industrial. ¿Qué más pruebas se necesitan para aplicar sanciones ejemplares? ¿O acaso estamos esperando que, al estilo peruano, la ilegalidad se institucionalice con un “decreto de urgencia” a la medida?
Lo más indignante es la cadena completa de impunidad: recolección con barretas que arrasan los bancos submarinos, transporte clandestino que evita los muelles oficiales, puntos de acopio que funcionan a la vista de todos y un Produce que, en vez de controlar, emite normas que nadie cumple. La norma del 2009 que prohíbe el corte directo de algas en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna existe… en el papel. En el mar, manda el mercado chino y su demanda insaciable.
Mientras tanto, los pobladores de San Andrés y Ocucaje, sin policías ni Estado, arman rondas para proteger lo poco que queda. Como en un western andino, vigilan con radios y consignas, sabiendo que los “matones” de siempre no dudan en usar armas. Y es que cuando el recurso se vuelve millonario, los derechos de quienes habitan esas playas quedan relegados a pie de página.
Este no es un caso aislado, es un síntoma del Perú: recursos naturales convertidos en botín, Estado que regula con tinta invisible y mafias que llenan el vacío con violencia. Que dos empresas extranjeras, sin licencia y con antecedentes, lideren un mercado de exportación millonario es una afrenta a la soberanía, a la legalidad y a la dignidad de las comunidades costeras.
Reflexión final
El mar peruano no necesita discursos verdes ni promesas de “desarrollo sostenible” para la foto internacional. Necesita acción, fiscalización real y sanciones que duelan. Porque mientras las algas desaparecen, también desaparecen los derechos, la justicia y la credibilidad de un Estado que prefiere mirar hacia otro lado. Si permitimos que la ilegalidad sea el modelo de negocio, mañana no solo perderemos algas: perderemos la autoridad moral para defender cualquier recurso. Y entonces, la consigna será clara: Perú, tierra de nadie… al mejor postor.