Después de semanas de dilataciones, excusas y silencios estratégicos, el Gobierno y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP finalmente “oficializaron” lo que la gente venía exigiendo desde hace meses: el octavo retiro de los fondos de pensiones. Una medida que, más que un acto de justicia, parece un premio a la resistencia de la ciudadanía frente a un Estado que se especializa en estirar los plazos hasta el límite, como si se tratara de un favor y no de un derecho.
La norma ya está en papel: desde el 21 de octubre, los afiliados podrán iniciar el trámite para acceder a hasta 4 UIT (21.400 soles). Y como siempre, con un cronograma pensado para que la plata caiga a plazos y en dosis homeopáticas, casi como si nos quisieran enseñar a administrar lo que ellos mismos nunca supieron proteger. Cuatro desembolsos escalonados de una UIT cada uno, con fechas fijas que se extienden hasta febrero de 2026. Es decir, el dinero propio convertido en una especie de aguinaldo estatal, fraccionado con puntualidad burocrática.
La historia es la misma: primero, se niega el retiro porque “pone en riesgo las pensiones futuras”. Después, se aprueban leyes a regañadientes cuando la presión política y social se vuelve insostenible. Finalmente, se oficializa el procedimiento como si fuera un acto de benevolencia. La SBS se presenta como garante de un “acceso seguro y eficiente”, mientras las AFP preparan sus plataformas digitales que, ya sabemos, colapsarán en las primeras 24 horas de solicitudes. Todo un déjà vu que demuestra que el sistema no cambia, solo recicla sus excusas.
La ironía es evidente: mientras se obliga a los ciudadanos a mendigar sus propios fondos en cuotas y formularios, el Estado gasta millones en consultorías innecesarias, contratos inflados y privilegios de funcionarios. El mismo país donde se bloquea la liquidez de los trabajadores es el que abre la billetera sin pestañear para gastos superfluos de sus ministros. Así se entiende por qué cada anuncio de retiro AFP se recibe con alivio, pero también con indignación: porque lo que debería ser simple y justo, se convierte en un calvario administrativo.
El octavo retiro no es una victoria del Estado, ni de la SBS, ni de las AFP. Es una victoria del ciudadano que insistió, que presionó, que no se conformó con esperar a que el sistema decidiera por él. Y es, también, una muestra más de cómo las instituciones siguen funcionando de espaldas a la urgencia social.
Reflexión final
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo vamos a permitir que el acceso a nuestro propio dinero dependa de la presión callejera? Oficializar el retiro es apenas un parche en un sistema que hace agua por todos lados. Si el Gobierno y las AFP creen que con este “cronograma milimétrico” han calmado las aguas, se equivocan. Porque cada retiro aprobado es también un recordatorio de la desconfianza: el país no le cree ni a su sistema previsional ni a sus gobernantes. Y esa, sí, es la verdadera deuda que nadie quiere asumir.