Si en el Perú se necesitaba una señal de que la crisis ya desbordó todos los límites, ha llegado: hasta el cardenal Carlos Castillo, máxima autoridad de la Iglesia católica en el país, tuvo que romper la liturgia de la mesura para calificar de “irresponsable” al Gobierno de Dina Boluarte. Cuando los púlpitos se convierten en trincheras de denuncia, es que la política ya ha fracasado.
Durante la misa dominical en la Catedral de Lima, el cardenal Castillo lanzó un mensaje que no admite interpretaciones piadosas: el Gobierno está violando el mandamiento más básico —“No matarás”— al permitir que la violencia gobierne las calles. Extorsiones, secuestros, asesinatos y cobro de cupos marcan el día a día de un país donde la criminalidad ha ocupado el lugar que debería tener el Estado.
La Iglesia, tantas veces acusada de guardar silencio frente a la injusticia, se vio obligada a intervenir. No por cálculo político, sino porque la realidad ya no cabe en los templos ni en los pasillos del poder. La denuncia del cardenal es un eco de lo que los ciudadanos repiten con indignación en mercados, plazas y transportes: el desgobierno se ha convertido en política de Estado.
Mientras tanto, la respuesta del Ejecutivo se resume en excusas y evasivas. La presidenta Boluarte habla de estabilidad en foros internacionales, pero en el Perú lo que reina es el caos. Los ministros improvisan anuncios, pero las morgues siguen sumando cuerpos. Y mientras la ciudadanía marcha, protesta y exige orden, el Gobierno prefiere mirar hacia otro lado, como si la inseguridad fuera una tormenta pasajera y no un naufragio nacional.
El cardenal, además, defendió a los jóvenes de la Generación Z que se movilizan en las calles. Recordó lo obvio: no son “terroristas”, como insiste en calificarlos cierta narrativa oficial, sino ciudadanos con derechos, hartos de un sistema que los margina y de un gobierno que los ignora. El mensaje fue tan claro como incómodo: la esperanza, hoy, se escribe con Z.
Que la Iglesia se vea obligada a marcarle la pauta moral al Ejecutivo es un síntoma grave. La religión no debería reemplazar a la política en su función más elemental: proteger la vida. Sin embargo, en un país donde la salud colapsa, la educación se deteriora y la criminalidad avanza como un ejército invisible, cualquier voz de autoridad termina por sonar más lúcida que la de quienes ocupan Palacio.
El cardenal, con ironía teológica, nos recordó que lo que está en juego no es un debate ideológico, sino la vida misma. Cuando el Gobierno convierte la inacción en estrategia, cuando se normaliza el miedo, el país entero se transforma en una gran sala de espera: pacientes en hospitales sin insumos, víctimas en comisarías desbordadas y ciudadanos atrapados en un Estado en piloto automático.
Que un cardenal tenga que jalarle las orejas al Gobierno no debería ser motivo de celebración, sino de alarma. Significa que el Estado ha renunciado a ejercer su autoridad y que la ética política ha quedado subordinada a la denuncia moral.
El Perú no necesita sermones para recordar que no se debe matar; necesita un gobierno que proteja a sus ciudadanos. Pero, ante la ausencia de liderazgo y el colapso institucional, la homilía se convierte en editorial y la indignación se convierte en oración.
Lo verdaderamente escandaloso es que, mientras el cardenal alza la voz, la presidenta guarda silencio. Y en ese silencio, el crimen avanza, la esperanza se desgasta y la indignación ciudadana se convierte en la única certeza que nos queda.