Mañana, Lima y Callao quedarán parcialmente inmovilizados no por un terremoto ni por una tormenta, sino por el hartazgo. Más de 120 empresas de transporte público paralizarán sus operaciones en protesta contra la ola de asesinatos, extorsiones y cobros de cupos que devoran al país. Y mientras tanto, el Gobierno de Dina Boluarte continúa en lo suyo: improvisando, sobreviviendo y comprando tiempo hasta el 28 de julio de 2026, como si la seguridad ciudadana fuera un detalle menor en la lista de pendientes.
El dato es escalofriante: cerca del 30% de los conductores ha abandonado el sector por miedo. No se trata de un paro político ni de un capricho sindical, sino de una señal de alarma que debería encender todas las sirenas del Estado. Sin embargo, lo que escuchamos es silencio.
Los gremios no piden milagros, piden lo elemental: que el Estado proteja a los ciudadanos. Exigen la creación de una Unidad de Élite compuesta por Policía, Fiscalía y Poder Judicial, un bloque que actúe coordinadamente contra las mafias. En otras palabras, piden que las instituciones funcionen como deberían haber funcionado siempre. ¿Es mucho pedir? En el Perú actual, parece una utopía.
Las escenas son conocidas: choferes asesinados frente a sus pasajeros, buses incendiados por no pagar “la cuota”, empresarios del transporte viviendo bajo amenaza permanente. Mientras tanto, desde Palacio se anuncian cámaras con inteligencia artificial que nunca se instalan y estados de emergencia que solo generan titulares sin resultados. Un país colapsado en seguridad, salud, educación y economía, pero con un gobierno obsesionado en gastar en aviones de guerra, autos de lujo y viajes internacionales.
El paro de este jueves no es el primero y probablemente no será el último. Ya hubo reuniones, promesas y diagnósticos, pero todo terminó archivado en la gaveta del olvido. Los transportistas vuelven a la calle porque, en su día a día, la muerte se ha vuelto un pasajero más.
El 2 de octubre, cuando miles de limeños y chalacos busquen transporte y no lo encuentren, sentirán en carne propia lo que los transportistas vienen gritando hace meses: que la inseguridad no es un titular más, es una realidad que está destruyendo el tejido social.
Reflexión final
Si un sector formal, con representación organizada, necesita paralizarse para ser escuchado, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes? El paro del transporte es, en el fondo, un paro del país entero: una súplica que revela que ya no confiamos en las instituciones, que el Congreso legisla para su beneficio y que el Ejecutivo apenas administra la inercia. El mensaje es claro: sin seguridad, no hay transporte; sin transporte, no hay trabajo; y sin trabajo, no hay país. El Perú, secuestrado por las mafias y abandonado por sus gobernantes, ya no pide soluciones: exige sobrevivir.