Una vez más, el Estado peruano intenta vendernos humo envuelto en papel brillante. La SBS anuncia que bancos, cajas y aseguradoras competirán con las AFP para administrar nuestros fondos de pensiones. El discurso oficial: más opciones, más competencia, más beneficios. La realidad: más manos metidas en el mismo bolsillo del ciudadano. Es la vieja receta peruana: llamar “reforma” a lo que en verdad es otro negocio blindado, disfrazado de avance regulatorio.
La Resolución S.B.S. N° 03526-2025 se presenta como un salto hacia la “modernización del Sistema Previsional”. Calificación mínima de B+, planes de riesgo, mecanismos de gobernanza… todo suena serio, técnico y sofisticado. Pero seamos claros: en este país, los papeles aguantan cualquier mentira. La experiencia nos enseña que, al final, los contratos se diseñan para blindar a los administradores y dejar al ciudadano atrapado en cláusulas leoninas, comisiones disfrazadas y promesas que nunca llegan.
No se trata de abrir la cancha, sino de agrandar el buffet de quienes viven de la plata ajena. Los bancos, las aseguradoras y las cajas municipales, que ya disfrutan de utilidades millonarias, ahora tendrán acceso al botín de las pensiones. ¿Competencia real? No. Solo se repartirán el mercado como hienas alrededor del mismo cadáver. Y el afiliado, como siempre, quedará condenado a aplaudir desde la tribuna mientras otros se reparten su futuro.
La ironía es brutal: mientras el Gobierno promociona esta “apertura” como un triunfo, la ciudadanía exige su octavo retiro. Es la prueba más clara de la desconfianza total: la gente prefiere arriesgarse a quedarse sin fondo de jubilación antes que seguir siendo rehén de un sistema que promete seguridad y entrega incertidumbre. La “modernización previsional” llega justo cuando el país ya no cree en nada, menos en sus instituciones.
Más aún, esta reforma se lanza en un país en ruinas: un Gobierno en piloto automático, una presidenta obsesionada con sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, ministerios capturados por incapaces, y un Estado cada vez más tomado por bandas criminales. Y en medio de esa tormenta, pretenden que confiemos nuestros últimos ahorros de vejez a un sistema financiero que nunca pierde, incluso cuando el país entero se derrumba.
Que nadie se engañe. No estamos frente a una reforma previsional, sino ante una operación cosmética para cambiar de administrador sin tocar el problema de fondo: la indefensión del ciudadano. Con más actores o con menos, el resultado es el mismo: ellos ganan, usted pierde. La competencia no se da en quién ofrece mejores pensiones, sino en quién inventa la comisión más ingeniosa para ordeñar al afiliado.
Reflexión final
El Perú no necesita más “modernizaciones” con olor a fraude, sino un sistema que garantice que los aportes de millones de trabajadores no terminen financiando las utilidades de los bancos ni los bonos de los gerentes. Mientras esa silla —la de defender al ciudadano— siga vacía, cada reforma será solo un nuevo capítulo en la crónica de la gran estafa nacional. Y lo más indignante: lo hacen en nombre de nuestro futuro.