El Perú vuelve a rozar lo inaudito: la procesión del Señor de los Milagros, símbolo de devoción y unidad para millones de peruanos, podría quedar atrapada entre carpas, cocinas de gas y reclamos de mineros ilegales. La avenida Abancay, escenario histórico de fe y recogimiento, amenaza con convertirse en un campamento improvisado donde la ilegalidad marca la ruta y el Estado, como siempre, brilla por su ausencia. La pregunta no es si habrá procesión, sino quién manda realmente en el país: ¿la fe del pueblo o la presión de quienes convierten la ilegalidad en un derecho adquirido?
Confemin anunció que desde el 14 de octubre tomará el Centro de Lima para exigir la ampliación del Reinfo y la reversión de concesiones mineras. Y lo harán a lo grande: con baños portátiles, cocinas industriales y carpas instaladas en plena vía pública, como si la capital fuera su chacra. Lo más indignante no es solo la audacia, sino la respuesta displicente de sus dirigentes cuando se les pregunta por la procesión: “eso se verá en su momento”. En buen castellano: o ceden a nuestras exigencias o la fe se queda varada en la esquina.
Es aquí donde el absurdo se multiplica. La Hermandad del Señor de los Milagros, el Arzobispado, la Municipalidad y la Policía Nacional han confirmado la ruta. Pero todo ese plan podría venirse abajo porque un grupo organizado en torno a la ilegalidad decide acampar en el mismo espacio. ¿Quién dio el permiso? Nadie. ¿Quién lo impedirá? Tampoco se sabe. Es la clásica ecuación peruana: los ilegales actúan, el Estado mira y los ciudadanos sufren las consecuencias.
Y como si no bastara, el Congreso juega de socio silencioso. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, ya ofreció respaldo a Confemin en Arequipa. Otros parlamentarios se alinean en la misma dirección. Así, lo que se vende como una marcha de protesta no es más que la punta del iceberg de un lobby político disfrazado de reclamo social. La minería ilegal se blinda con votos y leyes, mientras el Estado —irónicamente— criminaliza a vendedores ambulantes pero negocia con quienes mueven millones en las sombras.
El contraste es grotesco: mientras los devotos cargan en hombros al Cristo de Pachacamilla con respeto y sacrificio, los mineros ilegales cargan carpas, balones de gas y un pliego de reclamos avalado por congresistas oportunistas. En el mismo espacio físico se cruzan dos procesiones: la de la fe, y la de la ilegalidad organizada. Y hasta ahora, la segunda parece tener más poder de convocatoria.
La posible interrupción de la procesión del Señor de los Milagros no es un simple choque de agendas. Es la radiografía de un Estado débil, incapaz de garantizar ni siquiera el derecho a la fe. Que la imagen más venerada del país tenga que esquivar carpas de mineros ilegales en pleno centro de Lima es una bofetada a la autoridad, a la legalidad y a la dignidad nacional. El Señor de los Milagros no debería cargar también con la cruz de la inacción estatal.
Reflexión final
La pregunta que queda es brutal en su sencillez: ¿permitirán las autoridades que la ilegalidad se convierta en la procesión paralela de la capital? Si el Estado vuelve a ceder, el mensaje será claro: en el Perú se puede bloquear carreteras, secuestrar ciudades y hasta poner en jaque la principal festividad religiosa. La procesión del Cristo Moreno podría avanzar entre incienso y plegarias, pero también entre carpas, barricadas y gas propano. Y si eso ocurre, quedará claro que en el Perú la ilegalidad no solo manda: también decide por dónde pasa la fe.