Machu Picchu, el ícono que debería ser tratado como la joya más resplandeciente del Perú, está siendo maltratado por la improvisación y la indolencia del Estado. Mientras el mundo nos premia por octava vez como “Mejor Atracción Turística de Sudamérica”, en casa los turistas quedan varados, los trabajadores viven en la incertidumbre y el Gobierno solo atina a dar discursos huecos. El reciente conflicto social y los bloqueos en la ruta Hiram Bingham son el síntoma de un mal crónico: un país sin planificación, sin gestión unificada y con un Ejecutivo que sigue en piloto automático.
Los hechos hablan por sí solos: la falta de coordinación entre ministerios, gobiernos regionales y municipalidades ha convertido a Machu Picchu en un campo de batalla burocrático. Ministerio de Cultura por un lado, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por otro, Ministerio del Ambiente opinando, el Gobierno Regional del Cusco jalando agua para su molino y alcaldes disputándose protagonismos. Todos quieren su tajada, pero nadie asume la responsabilidad real. El resultado: ineficiencia, caos y conflictos de interés que ponen en riesgo al principal motor del turismo nacional.
Mientras tanto, Dina Boluarte y sus ministros se dedican a observar desde el palco, como si la parálisis no afectara directamente al 40% del turismo receptivo del país y más del 20% del PBI regional del Cusco. ¿Plan estratégico? Ninguno. ¿Medidas de contingencia? Brillan por su ausencia. ¿Políticas de mitigación? Puro papel. La presidencia se limita a sobrevivir hasta el 2026, mientras la joya cultural más importante del país es secuestrada por intereses menores.
La paradoja es grotesca: afuera, en los World Travel Awards, Perú arrasa como destino líder, culinario y cultural. Adentro, turistas extranjeros suben videos de trenes detenidos y servicios suspendidos, mostrando al mundo la cara real del Perú: un país que se vende como potencia turística pero que ni siquiera es capaz de garantizar el libre tránsito a su propio patrimonio. Es como presumir un trofeo mientras el oro se oxida en las manos.
Las soluciones están sobre la mesa desde hace años: declarar a Machu Picchu Activo Crítico Nacional, garantizar licitaciones transparentes en la ruta Hiram Bingham, instalar una Autoridad Autónoma con verdadero carácter técnico y blindar la gestión de intereses políticos. Pero nada avanza, porque el Gobierno prefiere maquillar los problemas en lugar de enfrentarlos.
Machu Picchu no puede seguir siendo rehén de bloqueos locales, de burocracias rivales ni de la inacción de un Ejecutivo sin rumbo. No se trata de un atractivo más: es el corazón del turismo nacional y una fuente de sustento para miles de familias cusqueñas. Cada día sin gestión efectiva es un golpe a la economía, a la cultura y a la imagen internacional del Perú.
Reflexión final
Un país que no sabe proteger su mayor patrimonio cultural está condenado a perderlo. Machu Picchu merece ser gestionado con la misma seriedad con la que se protege un activo estratégico del Estado. Dejarlo en manos del desgobierno es condenar al Perú a convertirse en un país que celebra premios internacionales mientras su mayor tesoro se hunde en la improvisación. La pregunta es inevitable: ¿qué espera el Gobierno para actuar, que la próxima huelga no deje solo turistas varados, sino un Machu Picchu vacío?