El Perú, ese país que gusta presentarse como “potencia minera”, hoy luce una corona torcida: la de primer exportador de oro ilegal en Sudamérica. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 44% del oro sucio que circula en la región sale de aquí, como si fuésemos la refinería clandestina del continente. Un título que no se gana por talento ni por esfuerzo, sino por la inacción, la complicidad y el descaro de autoridades que prefieren mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado convierte el oro en moneda política y en capital del silencio.
La cifra es tan brutal como absurda: 12 mil millones de dólares en oro ilegal al cierre del 2025, casi lo mismo que el oro formal. ¿Cómo no llamarlo una segunda minería nacional, pero sin impuestos, sin regulación y con licencia para contaminar? El negocio no se esconde: se multiplica a plena luz del día. Cada mes aparecen 82 procesadoras y 58 comercializadoras nuevas, como hongos después de la lluvia. En Puno, el número de exportadores se multiplicó por doce en diez años, como si se tratara de una franquicia de oro en polvo.
Y en Madre de Dios, esa Amazonía que debería ser orgullo ecológico, se consume cinco veces más combustible que cualquier otra región amazónica. No para cocinar ni para iluminar hogares, sino para alimentar dragas y motores que trituran ríos y selvas. Allí, donde antes había bosques vivos, hoy se levantan desiertos de mercurio. Y mientras tanto, las autoridades repiten como un mantra que “se está trabajando en la formalización”, cuando lo único que formalizan son excusas.
La minería ilegal es más que un negocio paralelo: es el Estado B. Tiene sus propias leyes (la de la selva del más fuerte), sus propios recaudadores (mafias armadas) y su propia fuerza de seguridad (matones a sueldo). En muchos lugares, la Policía solo llega para desfilar en operativos mediáticos que terminan en cenizas al día siguiente. Los verdaderos dueños del oro sucio siguen blindados: exportadores, bancos, empresarios que convierten el metal en dólares limpios, mientras al país le quedan los cadáveres, las niñas explotadas y los ríos envenenados.
Que no se engañe nadie: este oro no brilla. Es el oro de la trata, del sicariato, de la extorsión y de la política comprada. Es el oro que financia campañas electorales, que garantiza silencio en el Congreso, que hace del Ministerio Público un convidado de piedra. Y ahora el IPE advierte lo obvio: este cáncer resta competitividad al país. Pero el verdadero daño no es económico, es moral: Perú se ha resignado a ser la meca del oro ilegal, mientras la legalidad se derrumba como una mina sin soporte.
No hay medalla ni trofeo en ser el campeón sudamericano de la ilegalidad. Hay vergüenza. Hay fracaso. Y hay una certeza que duele: aquí la minería ilegal no crece porque el Estado sea débil, sino porque ha decidido ser cómplice. Cada lingote de oro ilegal que sale del país es un monumento al abandono, una confesión de la podredumbre institucional y un recordatorio de que la riqueza natural del Perú ha sido entregada en bandeja a las mafias.
Reflexión final
Mientras unos celebran el boom del oro, el Perú pierde mucho más que competitividad: pierde la posibilidad de llamarse un país con reglas, justicia y dignidad. Seguimos siendo los campeones, pero del lado equivocado de la historia. La gran pregunta no es cuánto oro ilegal más vamos a exportar, sino cuánta decencia nos queda por perder antes de admitir que vivimos en un país donde el crimen no solo paga: gobierna.