Cuando Rosa María Palacios recordó que, en todas partes del mundo, los estudiantes han encabezado las grandes luchas sociales, estaba señalando lo evidente. Lo insólito es que, en el Perú de Dina Boluarte, esa verdad histórica se convierta en amenaza. Para un Gobierno que vive del miedo y la negación, la Generación Z no es el presente con derecho a indignarse, sino una turba a desacreditar. Mientras los jóvenes se organizan para marchar contra el desgobierno, la presidenta y sus ministros se burlan llamándolos “degeneración Z”. El sarcasmo oficial pretende ocultar que la protesta juvenil es, en realidad, el espejo de un país harto de la corrupción, el abandono y la violencia.
Boluarte reduce las movilizaciones a “paros inútiles” y frases que suenan a manual de indiferencia. “Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado”, sentenció, como si la gente marchara para resolver en dos días lo que el Estado no enfrenta en décadas. La respuesta refleja el sello de este Gobierno: minimizar los problemas, relativizar el dolor y banalizar la protesta social.
Mientras tanto, el Perú se hunde en un círculo vicioso: las calles tomadas por mafias, la extorsión convertida en negocio cotidiano, las familias obligadas a pagar cupos y los transportistas asesinados frente a la pasividad estatal. Y en paralelo, la juventud, esa que debería estar pensando en estudiar, trabajar y construir futuro, tiene que salir a gritar lo que los mayores han normalizado: que este país se desangra mientras sus autoridades gastan en aviones de guerra, viajes sin rumbo y rescates eternos a Petroperú.
No es casual que Palacios recordara que los movimientos estudiantiles han sido decisivos en la historia: la primavera de Praga, Mayo del 68, Tiananmen, la “Marcha de los Pingüinos” en Chile, las luchas contra dictaduras en América Latina. Los jóvenes protestan porque no tienen compromisos con la maquinaria del poder ni intereses que defender, solo futuro que ganar. Y eso incomoda más que un sicario armado.
El error de Boluarte es doble: subestima la protesta y sobreestima su capacidad de controlarla. Cada vez que intenta ridiculizar a los estudiantes, confirma que los teme. Y tiene razones para hacerlo: son los únicos que aún creen que alzar la voz sirve de algo en un país donde la política se volvió sinónimo de negocio y la justicia, de impunidad.
El Gobierno se equivoca al ver en la juventud un enemigo. Lo que debería entender es que la indignación estudiantil no es un capricho, sino un derecho histórico que emerge cuando la democracia está en riesgo. Cada burla oficial contra los jóvenes es gasolina para la protesta. Y cada movilización ignorada es una nueva deuda política que el poder no podrá pagar.
Reflexión final
La paradoja es brutal: un Estado incapaz de enfrentar a las mafias con chalecos antibalas o patrulleros teme a estudiantes armados solo con pancartas y consignas. El verdadero peligro para el desgobierno de Boluarte no es el crimen organizado, con el que ya convive resignado, sino la energía de una juventud que no acepta callar. Porque, a diferencia de las mafias, los jóvenes no buscan enriquecerse del caos: buscan rescatar del naufragio a un país que sus autoridades ya abandonaron.