Las economías criminales mueven más de quince mil millones de dólares al año y el Estado mira hacia otro lado. El país se desangra entre extorsiones, asesinatos, minería ilegal y corrupción, mientras Dina Boluarte repite que hay estabilidad y el Congreso se reparte los despojos del poder. No hay liderazgo, no hay estrategia, no hay vergüenza. Solo silencio, miedo y negocios.
Extorsión, narcotráfico, minería ilegal y trata de personas. Cuatro jinetes del apocalipsis peruano cabalgan libremente mientras el gobierno aplaude sus pasos. La presidenta promete orden, pero el crimen gobierna. La policía carece de chalecos antibalas, los jueces se alquilan, los ministros se esconden y el ciudadano paga dos impuestos: el del Estado y el de las mafias. La extorsión ya no es delito, es un servicio paralelo. En el Perú, el crimen tiene estructura, jerarquía y presupuesto, mientras el Estado sobrevive a punta de comunicados vacíos.
El propio ministro del Interior ya lo confesó: los estados de emergencia no sirven. Aun así, los siguen decretando como si el papel detuviera las balas. El país se hunde en un laberinto de improvisación donde el único plan del gobierno es resistir hasta el 28 de julio de 2026. La minería ilegal, mientras tanto, factura doce mil millones de dólares al año, cuadruplicando su volumen desde 2019. Contamina los ríos, devora los bosques y financia mafias. Pero el Congreso, lejos de frenarla, amplía el REINFO, ese carnet de identidad de los ilegales que se disfraza de formalización. El Ministerio del Ambiente recorta su presupuesto y el de Energía y Minas prefiere mirar al techo. El Perú no protege su Amazonía, la subasta.
La corrupción, por su parte, sigue siendo la industria más rentable del país. La Contraloría calcula pérdidas por veinticuatro mil millones de soles al año. No son cifras frías: son hospitales que no se construyen, escuelas que se caen, carreteras que se hunden y niños que mueren esperando atención. En el Perú, la muerte también tiene RUC y factura al Estado. Mientras tanto, la presidenta viaja, inaugura ferias, posa en foros internacionales y declara que “todo está bajo control”. Control sí, pero del crimen.
El país se ha convertido en una maquinaria de impunidad. La extorsión crece 30% al año, los asesinatos se multiplican y la minería ilegal ya tiene más poder que el propio Ministerio del Interior. La policía no da abasto, el Ministerio Público se paraliza por corrupción y el Poder Judicial se hunde en su propio pantano. El ciudadano vive en estado de sitio sin decreto oficial. El transporte público está sitiado, los empresarios pagan cupos por sobrevivir y las regiones mineras son feudos controlados por mafias. El Estado, ausente, delega la justicia al miedo.
En este escenario, Dina Boluarte no gobierna, solo administra la agonía. No hay plan estratégico, ni de contingencia, ni de seguridad. No hay liderazgo ni autoridad moral. Su gestión se resume en sobrevivir al día siguiente y culpar al pasado. Habla de estabilidad mientras el país se desintegra, mientras la corrupción se institucionaliza y mientras el crimen organizado gana elecciones locales. El Perú ya no es un Estado frágil: es un territorio capturado.
La minería ilegal, la tala, el narcotráfico y la extorsión son hoy los verdaderos ministerios del país. Ganan más que las exportaciones legales, contratan más personal que el Estado y tienen un sistema judicial propio: el miedo. La economía criminal ya no es submundo, es modelo. Se infiltra en la política, financia campañas, compra silencios y decide leyes. En las próximas elecciones, muchos candidatos no representarán partidos, sino intereses de las mafias que los sostienen. Así, el crimen organizado no solo domina las calles, también empieza a escribir la Constitución de facto del país: la ley del más violento.
El Perú se pudre a la vista de todos y lo peor no es la corrupción ni la violencia, sino la indiferencia. El desgobierno ha normalizado la barbarie. Cada asesinato, cada extorsión, cada mina ilegal, cada niño sin escuela y cada muerto sin justicia pesan sobre este régimen que solo sabe sobrevivir. No hay remordimiento en Palacio, solo protocolo. No hay dirección, solo cálculo.
El país ya no pide milagros, pide reacción. Y si la historia tiene memoria, dejará escrito que bajo este gobierno el Perú no fue gobernado, fue abandonado. Dina Boluarte pasará a la historia como la presidenta que confundió el poder con la inercia y el liderazgo con la indiferencia. Un mandato vacío, sostenido por el miedo y la costumbre de perder.
El Perú se está pudriendo, y mientras el pueblo clama justicia, el poder aplaude su propio silencio. Porque cuando el Estado se rinde, los criminales hacen patria.