Cuando hasta los obispos rompen su silencio, es porque el país ya tocó fondo. La Conferencia Episcopal Peruana —institución que suele medir sus palabras con precisión quirúrgica— ha tenido que levantar la voz ante el caos nacional. Lo que antes era una advertencia hoy es un grito desesperado: el Perú vive sumergido en la violencia, el miedo y la indiferencia de un gobierno sin dirección. Dina Boluarte se aferra al poder como si gobernar consistiera solo en esperar el 28 de julio de 2026, mientras las calles se llenan de sangre y los ciudadanos claman auxilio.
El pronunciamiento de los obispos no es una simple exhortación pastoral. Es, en realidad, una radiografía del desgobierno. El país está incendiado: los transportistas paralizan sus motores por miedo a las balas, los empresarios viven extorsionados, los barrios se arman para sobrevivir, y la respuesta del Ejecutivo es un silencio envuelto en discursos vacíos. La Iglesia habla de paz, pero lo que se percibe en las calles es desesperación.
La presidenta pide calma desde su burbuja de protocolo y viajes, mientras la delincuencia convierte cada esquina en territorio enemigo. Su receta para el crimen organizado es tan absurda como reveladora: “no responder llamadas de extorsionadores”. Esa frase resume la política de seguridad de este gobierno: no responder, no enfrentar, no asumir. El Estado ha renunciado a su deber más elemental: proteger la vida.
Los obispos, sin proponérselo, han dejado en evidencia la ausencia total de liderazgo político. Mientras invocan al “compromiso común por la paz”, Boluarte mantiene un gabinete que cambia de ministros como si fuera un experimento fallido. El país no tiene plan estratégico ni hoja de ruta; tiene un gobierno en piloto automático que sobrevive por inercia. Y aunque el pueblo grita, la presidenta parece no escuchar. O peor aún, no entender.
Cuando los prelados apelan al Señor de los Milagros para que “proteja al pueblo peruano”, lo hacen no por devoción política, sino porque ya nadie confía en el Estado. Es una oración dirigida al cielo, pero también un mensaje directo a Palacio: la fe no reemplaza la gestión. La autoridad no se mide por la cantidad de comunicados, sino por la capacidad de enfrentar la realidad sin esconderse detrás de discursos.
Reflexión final
El país no puede seguir rezando para que lo gobiernen. No se trata de milagros, sino de responsabilidad. Los obispos ya hablaron; los transportistas protestan; los ciudadanos se hartan. El problema no es solo la violencia: es un gobierno que la normaliza. Dina Boluarte no puede pedir unidad mientras su inacción fragmenta al país. Porque cuando la oración se convierte en la única política pública, es señal de que el Estado ha perdido la fe… y el rumbo.