El poder es un espejo cruel: refleja lo que el maquillaje político intenta esconder. A Dina Boluarte, la mujer que llegó a Palacio hablando de unidad, le llegó la hora del juicio, y no el simbólico, sino el real. La Fiscalía ha pedido que no salga del país por 18 meses por presunto aprovechamiento indebido del cargo, y otro pedido más grave —36 meses— por lavado de activos. Todo mientras el país aún respira el polvo de su caída y las calles hierven de indignación. El Perú vuelve a mirar cómo una presidenta, antes blindada por el poder, ahora se convierte en acusada. Y el mensaje es tan claro como incómodo: el poder no perdona, pero la impunidad tampoco dura para siempre.
La ironía es brutal. Dina Boluarte juró “por los pobres del Perú”, pero terminó rodeada de relojes Rolex, cirugías estéticas, joyas de lujo y nombramientos hechos a medida de su vanidad política. Mientras el país ardía en protestas, ella se ocupaba de otra prioridad: su propia imagen. Hoy, las mismas instituciones que solía manipular le piden explicaciones por abuso de poder, tráfico de influencias y encubrimiento.
El Ministerio Público ha destapado una caja de Pandora donde todo huele a favoritismo, negocios oscuros y relaciones peligrosas con el poder económico. Las denuncias se acumulan: desde el caso de las 49 muertes en las protestas —por las cuales se le investiga por homicidio calificado— hasta la red de corrupción de Los Dinámicos del Centro, con quienes presuntamente compartió más que afinidades políticas. Y, por si faltara algo, se le imputa haber favorecido a un médico con contratos estatales mientras él le “reconstruía” el rostro. La cirugía estética le salió más cara que cualquier operación política.
Pero lo más grave no son los relojes ni las operaciones: es la indiferencia que marcó su gestión. Durante casi dos años, Boluarte gobernó como si el país fuera un trámite burocrático. Mientras las bandas criminales tomaban las calles, los hospitales colapsaban y los transportistas eran extorsionados, ella hablaba de estabilidad desde un Palacio que ya olía a ruina moral. Ahora, sin poder, enfrenta lo que evitó toda su carrera: rendir cuentas.
El 15 de octubre, el Poder Judicial decidirá si Dina Boluarte puede salir del país. Pero la verdadera fuga ocurrió hace tiempo: su huida moral empezó cuando cambió la empatía por el cálculo político, y el Estado por el espejo. Lo que enfrenta hoy no es solo una audiencia judicial, sino el juicio de un país cansado de ver a sus gobernantes desfilar entre escoltas y fiscales, entre discursos vacíos y delitos llenos.
Reflexión final
La justicia peruana suele despertar cuando el cadáver político ya está frío. Pero, aunque tarde, la rendición de cuentas de Boluarte tiene un valor simbólico: muestra que ningún poder es eterno, que ningún blindaje resiste la memoria colectiva. El país la observa, no con sorpresa, sino con hartazgo. Dina Boluarte quiso quedar en la historia; lo logró, pero en el capítulo más oscuro: el de los gobernantes que confundieron el cargo con el botín y el poder con impunidad.